En medio de la polémica desatada en Argentina por los excesos cometidos por aliados políticos de Cristina Kirchner como el gobernador de la provincia más pobre del país, Gildo Insfrán, y los pedidos de intervención en Formosa por las condiciones en las que están alojadas las personas con coronavirus en los centros de aislamiento provinciales, el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla, realizó esta semana una visita a Formosa.
Sin embargo, tras recorrer dos centros de aislamiento brindó una conferencia de prensa donde dijo que no se violan sistemáticamente los Derechos Humanos en esa provincia y que plantearlo es casi un chiste.
Ante estas declaraciones, como respuesta a pedidos de Amnistía Internacional para realizar la inspección, la organización de derechos humanos envió la siguiente carta al Sr. Pietragalla:
Sr. secretario Sr. Horacio Pietragalla Corti
De mi mayor consideración, Tengo el agrado de dirigirme a Usted, en mi carácter de directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina, a los efectos de reiterarle nuestra profunda preocupación ante las serias denuncias recibidas por parte de personas afectadas por las medidas desproporcionadas adoptadas por las autoridades de Formosa para prevenir la propagación del virus COVID-19.
”Tal como le transmitimos el pasado 27 de enero, Amnistía Internacional ha recibido numerosas denuncias por las graves condiciones en las cuales las personas son alojadas en los Centros de Atención Sanitaria (CAS). En este sentido, acompañamos a la presente un relevamiento del estado de situación en la Provincia y casos documentados por Amnistía Internacional.
Hemos tomado conocimiento de su visita a los establecimientos de alojamiento en la Provincia de Formosa, donde tuvo oportunidad de dialogar con las personas afectadas y con sus defensores/as. En ese sentido, las conclusiones de la misión de la Secretaría de Derechos Humanos - organismo cuyo mandato consiste en la promoción y protección de los derechos humanos- debe dar cuenta de la gravedad de la situación, condenar los hechos y agotar todos los medios a su alcance para revertir la violación a los derechos humanos allí denunciada.
El gobierno de la Provincia de Formosa ha dispuesto como política para evitar la propagación del Coronavirus la cuarentena involuntaria y obligatoria de las personas exclusivamente en establecimientos bajo custodia estatal, llamados “Centros de Alojamiento” o “Centros de Atención Sanitaria” (CAS). Por su naturaleza involuntaria y los mecanismos a través de los cuales se ha implementado, la cuarentena compulsiva e indiscriminada ha constituido una privación de la libertad de facto en condiciones insalubres por tiempo indeterminado y de manera arbitraria.
Una política sanitaria nunca es exitosa si implica el avasallamiento de los derechos humanos. La vulneración de derechos no puede ser una alternativa en un país respetuoso de sus compromisos internacionales. El cumplimiento de los derechos humanos no es un obstáculo para combatir al COVID-19 sino, por el contrario, es el marco que asigna legitimidad, legalidad y eficacia a las acciones de gobierno.
El importante rol de la Secretaría a su cargo exige una respuesta a la altura de las denuncias recibidas por parte de personas que sufrieron el aislamiento de manera compulsiva en establecimientos que por sus condiciones las expusieron al contagio, la indeterminación de los plazos del aislamiento durando incluso hasta 30 días, la falta de acceso a los resultados de sus testeos de COVID-19 e información precisa sobre su situación de salud, la custodia por personal policial las 24 horas, siendo la presencia de personal de salud esporádica, el hacinamiento, la falta de higiene, la falta de ventilación, la provisión escasa de alimentación de mala calidad, la utilización de rejas y cierre de aberturas como puertas y ventanas, la inexistencia de espacios separados para hombres, mujeres, adultos mayores y niños/as para proteger mejor su salud y resguardar su intimidad, entre otras graves denuncias, que incluso relatan traslados y liberaciones repentinas ante el anuncio de la visita de esta Secretaria.
Desde Amnistía Internacional consideramos que no puede asimilarse la situación de Formosa con los crímenes de lesa humanidad ni con la existencia de centros clandestinos de detención. Sin embargo, el contexto actual exige poner a las personas en el centro de la protección y defensa de sus derechos humanos. La grave afectación del derecho a la salud, a la integridad física y mental, a la vida, a no sufrir tratos crueles, inhumanos y degradantes, a la libertad personal, a la privacidad e intimidad, y a recibir un trato digno y demandan su intervención de forma urgente.
Por todo ello, solicitamos que en su rol de respetada autoridad a nivel nacional en materia de derechos humanos no convalide una política que expone a las personas a situaciones de encierro compulsivo y arbitrario y, en consecuencia, a violaciones a sus derechos, siendo que su intervención debe dar cuenta del máximo respeto a los derechos humanos y de las obligaciones internacionales que el Estado argentino ha asumido.
Sin otro particular, saludo a Ud. atentamente.
Mariela Belski, Directora Ejecutiva Amnistía Internacional Argentina”.