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Ciudad de Buenos Aires apela decisión que le quita recursos para pagar a la policía de provincia
El mandatario se refería al traspaso a la provincia de Buenos Aires de los fondos adicionales que la ciudad comenzó a recibir a partir de enero de 2016 
Alberto Fernández defendió la decisión de “darle los recursos que el distrito más poblado, extenso y productivo de la Argentina necesita” El gobierno argentino defendió como “constitucional, justa y legítima” la decisión de traspasar a la provincia de Buenos Aires una parte de los fondos adicionales que la capital, Ciudad de Buenos Aires, había recibido en 2016 merced a un decreto de la gestión del anterior gobierno.
A su vez el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, avanza en la presentación judicial para que se declare la nulidad de la medida.
En ese marco, el presidente Alberto Fernández defendió la decisión de “darle los recursos que el distrito más poblado, extenso y productivo de la Argentina necesita”, en relación a la creación del Fondo de Fortalecimiento Financiero Fiscal de la provincia de Buenos Aires.
El mandatario se refirió de esta manera a la decisión de traspasar a la provincia de Buenos Aires una parte de los fondos adicionales que la ciudad de Buenos Aires comenzó a recibir a partir de enero de 2016 merced a un decreto de la gestión del gobierno del presidente Mauricio Macri.
La medida del gobierno nacional -anunciada ante el conflicto de efectivos de la policía bonaerense que reclamaban mejoras salariales y laborales- fue rechazada por el jefe del gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta quien inició trámites para promover una acción judicial contra el Estado Nacional para declarar la inconstitucionalidad de la medida.
Tras el anuncio de Rodríguez Larreta de acudir a la Corte Suprema de Justicia, se publicó este viernes en el Boletín Oficial del distrito porteño la instrucción a la Procuración General para avanzar en una acción judicial contra el Estado Nacional, para que “se declare la nulidad e inconstitucionalidad” de la medida.
El decreto solicita la acción judicial contra “el decreto Nacional 735/2020” a los fines de que “se recomponga la integralidad de los fondos del Tesoro Local que dejen de ingresar en el futuro por aplicación del decreto cuestionado, con más los intereses legales devengados”.
Del mismo modo, solicita una “medida cautelar que disponga la inmediata suspensión de los efectos de la norma impugnada”.
