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Apelando a la responsabilidad ciudadana, Uruguay enfrenta con éxito el coronavirus

“El gobierno optó por no aplicar una cuarentena obligatoria con sanciones penales a la población”, dice Gustavo Grecco, presidente del Sindicato Médico del Uruguay

Uruguay eligió una estrategia original en América Latina para enfrentar al coronavirus. Lejos de imponer un confinamiento estricto, el país sudamericano apeló a la responsabilidad de sus 3.6 millones de habitantes para establecer una cuarentena voluntaria.

Hasta ahora, los resultados parecen avalar la decisión del gobierno de Luis Lacalle Pou. Con 6.6 muertos por millón de habitantes, la tasa de Uruguay está muy por debajo de, por ejemplo, sus vecinos Brasil (182.1) y Argentina (15.8).

“El gobierno optó por no aplicar una cuarentena obligatoria que impusiera sanciones penales a la población”, dice Gustavo Grecco, presidente del Sindicato Médico del Uruguay y coordinador de la terapia intensiva del Sanatorio Americano, en Montevideo.

“Para evitarlo, aplicó una estrategia que tomó en cuenta las ventajas demográficas de Uruguay, la fortaleza del sistema de salud y, sobre todo, la respuesta de los ciudadanos”.

La irrupción del coronavirus coincidió con la llegada al gobierno de Lacalle Pou. El 13 de marzo, apenas doce días después de su asunción el flamante presidente decidió decretar la emergencia sanitaria en el país tras la confirmación de los primeros cuatro contagios. Si bien fueron suspendidas las clases, se cancelaron los eventos masivos y se ordenó el cierre de las fronteras, no se impusieron restricciones a la movilidad de las personas ni se exigió a los comercios —excepto a los shoppings— que bajen sus persianas.

Sin apelar a medidas coercitivas, el gobierno logró, de todos modos, que la actividad, sobre todo en lugares de recreación, cayera en forma drástica. Según reportes de Google Mobility —la plataforma que refleja tendencias de movilidad—, la concentración de personas en cafés, parques, centros comerciales y teatros cayó entre 75% y 80% en las dos primeras semanas de cuarentena voluntaria.

Con indicadores sociales por encima del promedio de la región, el acatamiento a las recomendaciones sanitarias es más factible de cumplir que en otros países. Uruguay, por ejemplo, tiene la menor tasa de informalidad laboral de América Latina.

Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la proporción de trabajadores no registrados cayó del 41.5% en 2006 al 25% el año pasado, lejos de las tasas cercanas al 70% que se registran en países como Perú y Paraguay. Además, casi la totalidad de la población tiene acceso a agua potable, un derecho establecido en la Constitución a partir de 2004.

A esas ventajas se le agregan factores demográficos que juegan a favor. Con 20 habitantes por kilómetro cuadrado, Uruguay tiene una densidad poblacional que es menos de un tercio de la que registra México. Además, a diferencia de lo que sucede en la mayoría de los países de la región, en Uruguay no hay grandes aglomerados urbanos, áreas en donde se incrementan los riesgos de transmisión del virus. La capital Montevideo es la única ciudad del país que alberga a más de un millón de habitantes. Por último, Uruguay cuenta con un sólido sistema de salud.

“Todas las personas en Uruguay tienen derecho a la misma calidad y prestación en salud, sin importar su condición social, tras la reforma aprobada en 2008”, dice Grecco. “El país destina más del 9% del PIB a Salud, con más del 6% de esa inversión dirigida a la salud pública, lo que asegura la cobertura universal”.

Esas fortalezas adquieren mayor relevancia en tiempos de crisis. Al inicio de la pandemia, Uruguay ya contaba con 700 camas de terapia intensiva, a las que se agregaron otras 200 en los últimos tres meses. Al 10 de junio, solo 4 personas enfermas por COVID estaban recibiendo ventilación en esas camas.

“La capacidad ociosa es elevada”, dice Blauco Rodríguez Andrada, presidente del Colegio de Médicos del Uruguay y titular de la Sociedad Uruguaya de Emergencistas. “De hecho, el Hospital Español de Montevideo, que se había reconvertido para ser centro de referencia en COVID, lo estamos abriendo para el resto de las enfermedades respiratorias porque el número de camas ocupadas es muy bajo”.

Con un número de 14.297 pruebas por millón de habitantes –cinco veces más que México- y rastreo de los contactos estrechos, Uruguay parece tener controlada la propagación del coronavirus. Sin registrar fallecidos desde el 1 de junio y con solo 69 personas cursando la enfermedad, el país ha ido abriendo gradualmente y con protocolos sanitarios varias actividades.

Las escuelas rurales ya volvieron a funcionar y, con un esquema progresivo, están retornando las clases en el resto de los niveles educativos a lo largo de todo el país. Además, desde abril volvió al trabajo el sector de la construcción y a partir de inicios de mayo el comercio se ha liberado casi en su totalidad.

Sin haber establecido un confinamiento estricto y con un retorno más rápido a la nueva normalidad que en otros países, el impacto económico promete ser menor. Según una reciente estimación de BBVA Research, el PIB de Uruguay caerá este año 3.1%, un descenso mucho menos pronunciado que el proyectado para el resto de América Latina. “Una cuarentena obligatoria iba a tener un efecto económico muy fuerte, que, a su vez, después iba a repercutir en las inversiones en salud”, dice Rodríguez Andrada.

No obstante, la batalla final contra el coronavirus en Uruguay aún no está ganada. En Rivera, una ciudad fronteriza con la brasileña de Santana do Livramento, se registró un aumento repentino de casos a fines de mayo. “El principal foco hoy está en los 8 kilómetros de frontera seca con Brasil”, dice Grecco.

“Ahí también desembarcó la institucionalidad: el presidente Lacalle fue dos veces a Rivera para tomar el control de la situación en persona, lo que habla de la prioridad que le da el gobierno a este tema”. Tras la decisión de intensificar el control en la frontera y aumentar el número de tests en la zona, los contagios cedieron en la última semana.

Uruguay viene registrando buenos resultados en su lucha contra el coronavirus sin haber restringido las libertades individuales ni haber ahogado a la economía. Es un ejemplo que sobresale en medio de las urgencias que sufren otros países sudamericanos como Brasil, Ecuador, Perú y Chile.

Hasta ahora, los resultados parecen avalar la decisión del gobierno de Luis Lacalle Pou. Con 6.6 muertos por millón de habitantes, la tasa de Uruguay está muy por debajo de, por ejemplo, sus vecinos Brasil (182.1) y Argentina (15.8).