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Mercosur ratifica convalidación de certificados de estudios pre universitarios
El embajador uruguayo Pedrazza resaltó que se puso en valor la importancia de garantizar la “movilidad estudiantil” y de “armonizar sistemas educativos” Brasil, Uruguay y Paraguay realizaron la ratificación oficial en Asunción del convenio que suscribieron en el 2010 para la integración educativa que facilitará el reconocimiento de los certificados de estudios de enseñanza primaria y media.
El viceministro de Exteriores de Paraguay, Hugo Saguier, el embajador brasileño en Asunción, Carlos Simas, y el embajador de Uruguay, Federico Pedraza, participaron en la firma de documentos que se ha producido en la Cancillería paraguaya.
“Nos parece importante la entrada en vigor de este protocolo porque es un paso más hacia la construcción de la ciudadanía del Mercosur”, defendió Pedraza en su discurso. El embajador uruguayo recordó que no se trata del primer pacto educativo en el Mercosur, pero puso en valor la importancia de garantizar la “movilidad estudiantil” y de “armonizar sistemas educativos”.
Por su parte, Simas lamentó que el convenio haya tardado nueve años en formalizarse, algo que calificó como un “reflejo” del “proceso legislativo” del Mercosur.
“El proceso de incorporación de las normas de Mercosur a las legislaciones nacionales siempre fue un tema muy delicado, muy complicado y que sentó entre los socios algunas diferencias”, explicó.
A su vez, Saguier señaló la importancia de facilitar la convalidación de los estudios para que “aquellos que vienen con sus familias y se instalan puedan tener reconocimiento de sus títulos el día que retornan a su país”.
El encuentro también permitió a Paraguay y Brasil ratificaran otro acuerdo de 2010 sobre la “detención y procedimiento de entrega” de delincuentes. Para el embajador brasileño, el documento permite aliviar la “problemática de cómo procesar, mejorar e integrar las operaciones de seguridad y procesales” que llevan a cabo ambos estados.
En ese sentido, el viceministro paraguayo reconoció que servirá para mejorar la “lucha contra el lavado de dinero” y contra el “crimen transaccional”, que afecta especialmente a las comunidades próximas a la frontera.
