El papa Francisco advirtió este lunes que todo uso de fuerza letal que no sea estrictamente necesario para este fin solo puede ser reputado como una ejecución ilegal, un crimen de Estado, al referirse a excesos en la legítima defensa de parte de agentes federales de seguridad recientemente aprobada en Argentina.
Francisco hizo estas afirmaciones en un discurso improvisado, tras reunirse privadamente con los miembros de la Comisión Internacional contra la Pena de Muerte. En el mensaje, invitó a todos los países que no han abolido la pena de muerte pero tampoco la aplican a que continúen cumpliendo con este compromiso internacional y que la moratoria no se aplique solo a la ejecución de la pena sino también a la imposición de las sentencias a muerte.
La pena de muerte es siempre inadmisible porque atenta contra la inviolabilidad y la dignidad de la persona, consideró el ex arzobispo porteño, y reiteró su posición “a favor de la abolición universal de esta cruel forma de castigo”.
El Papa hizo esos comentarios días después que el presidente Mauricio Macri avalara por decreto un protocolo de actuación policial ideado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que fue criticado por organismos de derechos humanos, organizaciones sociales y dirigentes de partidos políticos, entre ellos del oficialismo. En la ciudad de Buenos Aires se declaró inconstitucional.
El pontífice subrayó que la defensa del bien común exige colocar al agresor en la situación de no poder causar perjuicio, por lo que los que tienen autoridad legítima deben rechazar toda agresión, incluso con el uso de las armas, siempre que ello sea necesario para la conservación de la propia vida o la de las personas a su cuidado.
Toda acción defensiva, para ser legítima, debe ser necesaria y mesurada, remarcó Francisco al advertir que un acto que proviene de buena intención puede convertirse en ilícito si no es proporcionado al fin