El Partido de los Trabajadores de Brasil se enfrenta a la denuncia más ambiciosa que haya visto en estos últimos y turbulentos años. Un juez de Brasilia ha imputado a buena parte de su cúpula política, incluyendo a los ex presidentes Lula da Silva y Dilma Rousseff, acusada de ser el centro de todas las corruptelas de la petrolera Petrobras.
El PT queda, así, en la denuncia, como principal autor del mayor esquema de desvío y lavado de fondos públicos en la historia reciente de Brasil, el caso de Petrobras. La denuncia calcula que los imputados recibieron 1.500 millones de reales (unos 390 millones de dólares) en sobornos.
La denuncia sería el sexto proceso, pero uno inusual en tanto que Lula no es el absoluto protagonista. Está también su sucesora en la presidencia, Dilma Rousseff, y la presidenta del PT, Gleisi Hoffman, junto con los principales barones del partido: Antonio Palocci, que fuera ministro de Hacienda con Lula (y que, al igual que el ex presidente, ya está preso por otras sentencia) y otro ministro de Hacienda, Guido Mantega. También están Paulo Bernardes y Edinho Silva, ambos ex ministros de Comunicación de gobiernos del PT, y João Vaccari Neto, ex tesorero del partido.
La denuncia fue presentada en septiembre de 2017 por la Fiscalía General y estuvo parada hasta que el Supremo decidió, a principios de mes, que debería quedarse con el juez Vallisney de Souza. El PT es ahora un blanco muy distinto del que era entonces. La derrota en las presidenciales del mes pasado, su peor resultado en más de 15 años, ha conllevado la pérdida de buena parte de los feudos que lo convirtieron en uno de los partidos más influyentes de toda América Latina.
El ultraderechista Jair Bolsonaro, quien asumirá la presidencia a partir del 1 de enero, ha extendido su nada oculto odio por el PT al gobierno que está montando. El PT ha publicado un comunicado asegurando que la acusación forma parte de la persecución judicial iniciada contra el ex presidente en 2016.
En otro, Rousseff protesta porque 'jampas fue interrogada por las autoridades policiales o judiciales sobre las acusaciones que le son hechas y sostiene que la decisión del juez se basa en en una clara tentativa de criminalizar al PT”