El parlamento de Nicaragua cerró filas el jueves con el gobierno con una declaración de condena al grupo de trabajo de la Organización de Estados Americanos (OEA) que atenderá la crisis política que ya se ha dejado más de 350 muertos.
La declaración del parlamento, bajo control oficialista, rechaza la presencia de la comisión injerencista de la OEA y repudia la posición de sus miembros porque violenta la soberanía e interviene en los asuntos internos.
El pronunciamiento aprobado por 70 diputados oficialistas y 17 votos en contra coincide con la posición del gobierno que anunció el miércoles que los miembros del grupo de 12 países no son bienvenidos en el país, por tanto, no serán recibidos en nuestro suelo patrio. El Grupo de Trabajo para dar seguimiento a la crisis en Nicaragua está integrado por Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, Guyana, México, Panamá y Perú.
La crisis política provocada por una ola de protestas desatadas el 18 de abril por una reforma a la ley de seguro social derivó en una demanda política para la salida del poder del presidente Daniel Ortega, con 11 años en el poder.
Pese a la negativa de Managua, el Grupo de Trabajo inició sus labores en Washington y eligió a los embajadores de Canadá, Jennifer Loten, como presidenta, y al chileno Hernán Salinas,como vicepresidente. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, presente en la sesión, saludó través deTwitter la instalación del grupo que se sumará a otras iniciativas del organismo para buscar una salida pacífica y democrática a la crisis de Nicaragua.
Más de 350 muertos, alrededor de 2.000 heridos, decenas de detenidos y una cantidad no precisada de desaparecidos es el saldo de la violencia en cuatro meses de protestas. Las otras instancias de la OEA desplegadas en Nicaragua son el Grupo Internacional de Expertos (GIEI) y el Mecanismo de Seguimiento Especial (Meseni), vinculados a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que observa la situación de los derechos humanos en el contexto de las protestas.
Los miembros del GIEI se quejaron este jueves de falta de cooperación de las autoridades para realizar su labor de coadyuvar en aclarar los hechos de violencia entre el 18 de abril y el 30 de mayo, según los términos de su mandato.