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Más muertos en protestas en Nicaragua; Ortega afirma que no se va ni habrá adelanto de elecciones

Los choques se saldaron con un total de 2 muertos y 12 heridos, que se unían a otro fallecido y 22 lesionados en un ataque por la mañana a una caravana sandinista

Las marchas contrapuestas celebradas en Nicaragua a favor y en contra del Gobierno de Daniel Ortega terminaron con nuevos ataques y graves altercados que dejaron al menos 3 muertos y 34 heridos. La denominada “la Madre de todas las marchas” convocada por el Movimiento Madres de Abril y en apoyo a las 83 mujeres que perdieron a sus hijos durante las protestas, finalizó con un tiroteo en las inmediaciones de la Universidad Centroamericana (UCA) .

Según diversos testigos del suceso, el ataque fue perpetrado por agentes de la Policía y fuerzas de choque, y otros denunciaron la presencia de francotiradores, ya que al inicio del tiroteo únicamente se escuchaban los disparos pero no se identificó a los agresores.

Este ataque ocurrió cuando las madres agradecían su apoyo a los cientos de miles de nicaragüenses que habían participado en esta multitudinaria e histórica concentración que había congregado a una marea humana interminable y blanquiazul repleta de banderas de Nicaragua para exigir paz, justicia y democratización.

Tras esta arremetida inesperada, la situación en Managua se descontroló, lo que provocó ofensivas contra la principal emisora gubernamental “Tu Nueva Radio Ya” con morteros de fabricación artesanal por parte de los opositores, y contra el canal 100% Noticias, crítico con el Ejecutivo, por parte de los sandinistas.

El resultado, de acuerdo con la institución policial, se saldó con un total de 2 muertos y 12 heridos, que se unían a otro fallecido y 22 lesionados en un ataque por la mañana a una caravana sandinista en el kilómetro 124 de la carretera panamericana Norte, según denunció el alcalde de Estelí, Francisco Valenzuela.

Mientras se producía el tiroteo en la UCA, el presidente Ortega se dirigió a los miles de simpatizantes sandinistas que participaron en una cantata en homenaje a las Madres Nicaragüenses. Entre enseñas rojinegras del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), Ortega dejó un claro mensaje a los sectores que piden su dimisión y la convocatoria de elecciones anticipadas.

“Nicaragua nos pertenece a todos y aquí nos quedamos todos”, señaló para clamar a continuación que “Nicaragua no es propiedad privada de nadie, los dueños de Nicaragua somos todos los nicaragüenses, independientemente del pensamiento político, ideológico o religioso”.

Curiosamente, y aunque no hizo mención expresa a ello, estas declaraciones parecían responder al adelanto de los comicios solicitado públicamente por dos de los empresarios más exitosos de Nicaragua. “Hay que encontrar una salida ordenada (de Ortega) dentro del marco constitucional que implique reformas que conlleven a un adelanto de elecciones en Nicaragua”, dijo Carlos Pellas, dueño del Grupo Pellas, en una entrevista al diario La Prensa.

“Es muy importante lograr una pronta salida a esta crisis nacional sin más sufrimiento y derramamiento de sangre (...) que sea la voluntad popular a través de elecciones anticipadas, la que establezca la justicia, la democracia y la libertad en nuestra patria”, indicó en un comunicado el presidente del Banco Lafise, Roberto Zamora.

Estas peticiones de los empresarios también encontraron su apoyo en el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) , que urgió al mandatario a establecer fechas definitivas para unos nuevos comicios con el fin de dar una salida pacífica a la crisis.

“Consideramos urgente implementar las reformas necesarias que permitan adelantar las elecciones de una manera ordenada y con un Consejo Supremo Electoral renovado, ambas fechas a ser determinadas en el diálogo nacional”, escribió el Cosep a Ortega en una carta firmada por el pleno de sus integrantes.

Todas estas declaraciones se produjeron horas después de que la Organización de los Estados Americanos (OEA) acordara con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Gobierno de Nicaragua crear un grupo independiente para investigar los hechos de violencia ocurridos desde el pasado 18 de abril.

El equipo, integrado por cuatro personas propuestas por la CIDH, tendrá como objetivo analizar las líneas de investigación y hacer recomendaciones de acciones respecto de los distintos niveles de responsabilidad jurídica, según un comunicado de la OEA.

“Este acuerdo significa que hemos logrado corresponder las expectativas de las víctimas y familiares que esperaban un mecanismo con credibilidad para realizar investigaciones y garantizar el derecho a la justicia y la verdad”, dijo en declaraciones el secretario ejecutivo de la CIDH, Paulo Abrao.

Según diversos testigos del suceso, el ataque fue perpetrado por agentes de la Policía y fuerzas de choque, y otros denunciaron la presencia de francotiradores, ya que al inicio del tiroteo únicamente se escuchaban los disparos pero no se identificó a los agresores.

Este ataque ocurrió cuando las madres agradecían su apoyo a los cientos de miles de nicaragüenses que habían participado en esta multitudinaria e histórica concentración que había congregado a una marea humana interminable y blanquiazul repleta de banderas de Nicaragua para exigir paz, justicia y democratización.

Tras esta arremetida inesperada, la situación en Managua se descontroló, lo que provocó ofensivas contra la principal emisora gubernamental “Tu Nueva Radio Ya” con morteros de fabricación artesanal por parte de los opositores, y contra el canal 100% Noticias, crítico con el Ejecutivo, por parte de los sandinistas.

El resultado, de acuerdo con la institución policial, se saldó con un total de 2 muertos y 12 heridos, que se unían a otro fallecido y 22 lesionados en un ataque por la mañana a una caravana sandinista en el kilómetro 124 de la carretera panamericana Norte, según denunció el alcalde de Estelí, Francisco Valenzuela.

Mientras se producía el tiroteo en la UCA, el presidente Ortega se dirigió a los miles de simpatizantes sandinistas que participaron en una cantata en homenaje a las Madres Nicaragüenses. Entre enseñas rojinegras del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), Ortega dejó un claro mensaje a los sectores que piden su dimisión y la convocatoria de elecciones anticipadas.

“Nicaragua nos pertenece a todos y aquí nos quedamos todos”, señaló para clamar a continuación que “Nicaragua no es propiedad privada de nadie, los dueños de Nicaragua somos todos los nicaragüenses, independientemente del pensamiento político, ideológico o religioso”.

Curiosamente, y aunque no hizo mención expresa a ello, estas declaraciones parecían responder al adelanto de los comicios solicitado públicamente por dos de los empresarios más exitosos de Nicaragua. “Hay que encontrar una salida ordenada (de Ortega) dentro del marco constitucional que implique reformas que conlleven a un adelanto de elecciones en Nicaragua”, dijo Carlos Pellas, dueño del Grupo Pellas, en una entrevista al diario La Prensa.

“Es muy importante lograr una pronta salida a esta crisis nacional sin más sufrimiento y derramamiento de sangre (...) que sea la voluntad popular a través de elecciones anticipadas, la que establezca la justicia, la democracia y la libertad en nuestra patria”, indicó en un comunicado el presidente del Banco Lafise, Roberto Zamora.

Estas peticiones de los empresarios también encontraron su apoyo en el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) , que urgió al mandatario a establecer fechas definitivas para unos nuevos comicios con el fin de dar una salida pacífica a la crisis.

“Consideramos urgente implementar las reformas necesarias que permitan adelantar las elecciones de una manera ordenada y con un Consejo Supremo Electoral renovado, ambas fechas a ser determinadas en el diálogo nacional”, escribió el Cosep a Ortega en una carta firmada por el pleno de sus integrantes.

Todas estas declaraciones se produjeron horas después de que la Organización de los Estados Americanos (OEA) acordara con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Gobierno de Nicaragua crear un grupo independiente para investigar los hechos de violencia ocurridos desde el pasado 18 de abril.

El equipo, integrado por cuatro personas propuestas por la CIDH, tendrá como objetivo analizar las líneas de investigación y hacer recomendaciones de acciones respecto de los distintos niveles de responsabilidad jurídica, según un comunicado de la OEA.

“Este acuerdo significa que hemos logrado corresponder las expectativas de las víctimas y familiares que esperaban un mecanismo con credibilidad para realizar investigaciones y garantizar el derecho a la justicia y la verdad”, dijo en declaraciones el secretario ejecutivo de la CIDH, Paulo Abrao.