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Diálogo agrio en Nicaragua: oposición pide reformas; para Ortega es “una agenda para un golpe de Estado”

Cuando el episcopado aceptó mediar “dijimos que se debía ir a la raíz, para allanar el camino a la democratización”, sostuvo el obispo auxiliar de Managua, Silvio Báez.

Elecciones anticipadas, reforma constitucional, reforma electoral, son algunas de las propuestas de cambio que la oposición elevó al gobierno de Nicaragua durante el diálogo nacional que busca una salida a la situación desatada en abril contra el régimen de Daniel Ortega.

El gobierno considera que las propuestas son “una agenda para un golpe de Estado”, dijo el canciller Denis Moncada, que representa al gobierno en el diálogo, que cuenta con la mediación de la iglesia católica.

Cuando el episcopado aceptó mediar “dijimos que se debía ir a la raíz, para allanar el camino para la democratización”. Esta posición “no es ni parcial ni un golpe de estado camuflado”, dijo el obispo auxiliar de Managua, Silvio Báez.

Entre los puntos que propone la oposición figuran:

 

• Adelantar las elecciones presidenciales para el 2018 mediante una reforma parcial a la Constitución y a la ley electoral
• Eliminar la reelección presidencial consecutiva, como estipulaba la Constitución de 1995, y el porcentaje del 45% de votos para ser electo presidente. El porcentaje actual es de 40% de los sufragios válidos salvo que quien obtenga un 35% tenga una ventaja de al menos 5 puntos. También, nuevas elecciones legislativas, municipales y de regiones autónomas en el Caribe.
• Suprimir de la Constitución un escaño en el Parlamento para el presidente y el vicepresidente salientes, y para el candidato que quede en segundo lugar de la elección presidencial.
• Reducir el número de diputados en el Parlamento, actualmente integrado por 90 miembros electos y los asignados por ley.
• Establecer un artículo transitorio que permita al Parlamento tener dos legislaturas este año “con el objetivo de que dicha reforma entre en vigencia de forma inmediata en 2018” .
• Elegir a nuevos magistrados en los poderes judicial y electoral. Así como representantes en entidades autónomas como la contraloría, fiscalía y procuraduría de derechos humanos.
• Restituir la personalidad jurídica a los partidos políticos que les fue suspendida y devolver la a suscripción popular para presentar candidatos de la sociedad civil. Además, depurar y actualizar el padrón electoral.
• Reglamentar la procedencia de fondos para financiar las campañas electorales.
• Crear un Instituto autónomo de cedulación, con carácter constitucional.
• Sujeción a la autoridad civil del Ejército y la Policía, enfatizando un carácter nacional y apartidista.
• Crear una comisión de la verdad integrada por organismos de derechos humanos nacionales e internacionales como CIDH y relatores de Naciones Unidas.