Un tribunal de Colombia suspendió el jueves la extradición a Estados Unidos de un ex-negociador de la desmovilizada guerrilla de las FARC y futuro congresista acusado de narcotráfico, un caso que puso en dificultades el naciente acuerdo de paz en el país sudamericano.
Jesús Santrich, quien fue negociador de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en el diálogo de paz en Cuba, fue capturado en abril en Bogotá por solicitud de una corte del Distrito Sur de Nueva York, que lo acusa de estar implicado en una conspiración para exportar 10 toneladas de cocaína a Estados Unidos.
Algunos dirigentes de la FARC, como Iván Márquez, aseguraron que la captura fue un “montaje” que dejó el proceso de paz en un punto crítico y con la amenaza de ser un fracaso.
“Disponer la suspensión del trámite de extradición que se adelanta en su contra por petición de los Estados Unidos de América”, dijo la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) al resolver una solicitud por Seuxis Paucias Hernández, más conocido como Jesús Santrich.
El Gobierno del presidente Juan Manuel Santos y las FARC firmaron en noviembre del 2016 un acuerdo para poner fin a un conflicto interno de más de medio siglo que ha dejado 220.000 muertos y millones de desplazados.
Bajo los términos del acuerdo, más de 12.000 integrantes de la antigua guerrilla -entre combatientes, auxiliadores y presos- abandonaron la lucha armada, depusieron sus armas y conformaron un partido político con el que debutaron, con una baja votación, en las elecciones legislativas de marzo.
Sin embargo, el acuerdo le garantiza a la FARC, que mantuvieron la misma sigla de la guerrilla, cinco asientos en el Senado y cinco más en la Cámara de Representantes hasta 2026. Santrich, quien según las acusaciones cometió el delito después de la firma del acuerdo, ocuparía uno de los escaños en la cámara.
La denominada JEP fue uno de los puntos más polémicos en la negociación de cuatro años con las FARC, para investigar, juzgar y sancionar a los responsables de asesinatos, masacres, secuestros, desaparición forzada, reclutamiento de menores y abuso sexual, entre otros delitos cometidos durante la confrontación.