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Exploran nuevo mecanismo legal para adelantar libertad de Lula da Silva
La Suprema Corte de Brasil acotó el poder del juez Sérgio Moro al quitarle las causas derivadas de la delación de los ejecutivos de Odebrecht contra Lula da Silva 
La Policía Federal, que depende del presidente Michel Temer, pidió trasladar a Lula de Curitiba, por los trastornos y los costos que generan las manifestaciones La Suprema Corte de Brasil acotó el poder del juez Sérgio Moro al quitarle las causas Cuando corren tres semanas de la detención de Lula da Silva para cumplir una pena de 12 años en la cárcel por corrupción, una decisión de la Suprema Corte de Brasil reavivó en las últimas horas las esperanzas de una liberación, del ex presidente.
La Suprema Corte de Brasil acotó el poder del juez Sérgio Moro al quitarle las causas derivadas de la delación de los ejecutivos de Odebrecht contra Lula da Silva, en la misma jornada en la que la defensa apeló ante el máximo tribunal la condena a 12 años y un mes de prisión por la cual está preso desde el 7 de abril.
También la Policía Federal, que depende del gobierno del presidente Michel Temer, pidió trasladar a Lula de su sede en Curitiba, estado de Paraná, por los trastornos y los costos que generan las manifestaciones por la liberación del líder popular del país.
La sala segunda del Supremo Tribunal Federal decidió por 3 votos contra 2 enviar a la justicia ordinaria de San Pablo dos causas que pueden complicar aún más a Lula: la delación de Odebrecht sobre reformas en el Instituto Lula y en una quinta en la localidad de Atibaia.
“El caso no tiene relación con Petrobras”, esgrimió el juez supremo José Días Toffoli, que dio el voto que por primera vez en cuatro años le disputa el poder a Moro por el control de las delaciones de Odebrecht.
Es que Moro estaba autorizado por la cámara de Porto Alegre -la misma que confirmó la condena a Lula- a centralizar el Petrolao y la delación de Odebrecht. Tenía poderes extraordinarios de jurisdicción. Pero la Corte adhirió de esta manera a una línea que las defensas esgrimían, que era que la fiscalía de Curitiba, corazón de la Operación Lava Jato, vinculaba todas las causas a desvíos en Petrobras para poder mantener el control de los expedientes.
Lo cierto es que la Corte y Lula fueron los protagonistas de la jornada.
Lula apeló la condena ante el STF y ante el Superior Tribunal de Justicia, tercera instancia penal, al considerar que Moro y los fiscales acusaron al líder opositor de tener un departamento en Guarujá entregado como soborno “sin pruebas y con enemistad política manifiesta”. Esta apelación deberá demorar varios meses para ser tomada por los tribunales superiores.
Pero otra pieza clave en el gran péndulo institucional brasileño llegó a manos de nada menos que la presidenta de la Corte, Carmen Lúcia Antunes. Ella tiene en sus manos el futuro de Lula.
Antunes recibió del juez supremo Marco Aurelio Mello un pedido para declarar inconstitucional la jurisprudencia de 2016 que permite a los tribunales detener a condenados con fallos de segunda instancia, como es el caso de Lula. Antunes ha reiterado que no tiene intenciones de agendar una votación sobre el asunto, que podría tener un resultado de 6 a 5 para eliminar la jurisprudencia, según Mello.
Lucía Antunes desempató una votación a inicios de abril que permitió el rechazo de un habeas corpus de Lula y la ejecución de la condena a 12 años y un mes de prisión del ex mandatario.
Los pedidos para declarar inconstitucional la prisión en segunda instancia fueron realizados por el Partido Ecológico Nacional, que amenazó con retirar la antigua demanda porque beneficiaría a Lula, y el Partido Comunista do Brasil (PCdoB), aliado del ex mandatario.
La misma sala II que le sacó el caso Odebrecht a Moro deberá tratar a partir de la semana que viene un reclamo para anular la prisión. El pedido sostiene que el juez Moro ejecutó la orden de detención de Lula antes de que se cumplieran los ritos procesales en la cámara de apelaciones de Porto Alegre, el tribunal que confirmó la sentencia y amplió los años de pena.
Eso comenzará a tratarse a partir del jueves 3 de mayo y podrá significar la liberación de Lula, aunque no hay plazos de vencimiento.
