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Prisión de Lula y la condena en segunda instancia

En 2016 el STF determinó que la prisión en segunda instancia era válida, pero el tribunal podría modificar su propio criterio a partir de septiembre

La estadía de Lula da Silva en la cárcel de Curitiba podría no extenderse más allá de fin de año. El Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil, integrado por once miembros, rechazó, en votación ajustada, 6 a 5, esta semana un hábeas corpus presentado por los abogados del ex presidente, pero no resolvió sobre la cuestión jurídica de fondo: si es constitucional o no encarcelar a alguien por una condena en segunda instancia, antes de que se agoten los recursos de apelación en instancias superiores.

 En 2016, el STF determinó que eso sí es válido, pero el tribunal podría modificar su propio criterio a partir de septiembre, lo que beneficiaría a Lula.

Aquel fallo del STF sentó una jurisprudencia clave para el Lava Jato y permitió mandar a prisión a políticos y empresarios de primera línea. La mayoría de los jueces del tribunal sostuvo entonces que bastaba con una condena en segunda instancia para ir a la cárcel, lo que entonces fue celebrado como un triunfo por los fiscales del Ministerio Público. Como el fallo dirimió sobre planteos de constitucionalidad, la postura del STF es vinculante para todos los tribunales del país.

Aunque las implicancias políticas son enormes, ese debate al interior del STF se basó en consideraciones jurídicas. Algunos jueces argumentaron que el principio de presunción de inocencia no permite encarcelar a alguien antes de que se agoten todos los recursos de apelación. Otros, en cambio, citaron casos de reos que permanecieron en libertad varios años después de ser condenados, y sostuvieron que las múltiples posibilidades de recursos, sumadas a la falta de celeridad en algunos procesos, pueden fomentar la impunidad. Finalmente se impuso el criterio de estos últimos.

Sin embargo, la votación de 2016 fue ajustada: seis votos contra cinco. La mayoría se compuso con los magistrados Edson Fachin, Luís Roberto Barroso, Luiz Fux, Gilmar Mendes, Teori Zavascki –muerto en un accidente aéreo un año después y reemplazado por Alexandre de Moraes– y Cármen Lucía, actual presidenta del STF. En minoría quedaron Marco Aurélio Mello, Rosa Weber, Dias Toffoli, Ricardo Lewandowski y Celso de Mello.

Pero casi dos años después, los equilibrios en el seno del STF parecen cambiar. Gilmar Mendes, por ejemplo, se ha mostrado favorable a modificar el criterio de 2016. Lo de Mendes es curioso: en aquel entonces votó a favor de la cárcel para condenados en segunda instancia, pero ahora se pronunció a favor del hábeas corpus para Lula. Al revés que Rosa Weber, quien siempre estuvo en contra de la prisión en segunda instancia, pero acató la jurisprudencia del STF y rechazó el recurso de los abogados del ex presidente.

Por el momento, el STF no puede avanzar en la revisión de la cuestión de fondo ya que su actual presidente, Carmen Lúcia, está en contra de esa opción y se niega a someter el tema a consideración del tribunal. Sin embargo, Lúcia finaliza su mandato en septiembre, cuando será reemplazada por Dias Toffoli, uno de los jueces que, en 2016, se opuso al criterio mayoritario en el que hoy se basa el encarcelamiento de Lula. A partir de su asunción, el STF tendrá manos libres para rediscutir su propia jurisprudencia y, eventualmente, modificar el criterio de la mayoría. Algunos jueces –en particular, Marco Aurélio Mello– están presionando públicamente para que eso suceda.

Lo que parece improbable es que el STF tome una decisión tan relevante apenas unas semanas antes de las elecciones presidenciales de octubre, para las que, de todas maneras, Lula quedaría definitivamente inhabilitado desde agosto. El máximo tribunal brasileño se reservará el atributo de manejar los tiempos a su gusto. Si el cambio de criterio finalmente se consuma, no solo se beneficiará Lula, sino también los demás “pesos pesado” presos por el Lava Jato. (Perfil)./