La Asamblea Nacional de Venezuela, de mayoría opositora, denunció el miércoles el uso “indebido” de material electoral, señalando que fue encontrado material del Consejo Nacional Electoral (CNE) en centros de juegos de azar para imprimir comprobantes de apuestas y presentó su informe final sobre la investigación sobre el caso del ex agente sublevado, Oscar Pérez.
La diputada al Parlamento venezolano, Delsa Solorzano, denunció que se abrirá una investigación por uso indebido de material electoral. “Esta es otra evidencia de la corrupción del sistema electoral en Venezuela”, señaló la diputada. Según una imagen publicada en su cuenta de Twitter, el papel timbrado con las siglas del poder electoral que se utiliza para plasmar el voto está siendo utilizado para apuestas deportivas.
A pesar de los señalamientos de parte de la comunidad internacional, la negativa de la principal coalición opositora –Mesa de la Unidad Democrática (MUD) – de participar en unos comicios que consideran fraudulentos y el fracaso de unas negociaciones entre oposición y gobierno, el oficialismo se encamina hacia unas elecciones convocadas unilateralmente para el 20 de mayo como si nada extraordinario ocurriera. Las bases del gobierno ya han sido activadas y se teme que su base electoral es altamente dependiente de la estructura CLAP, cuya función es la distribución de alimentos de primera necesidad.
Los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) no contemplan ninguna función electoral, oficialmente. Sin embargo, se han convertido en una parte imprescindible de la logística electoral oficialista y en fuertes elementos de propaganda durante las campañas electorales. Según Erick González, el gobierno ha implementado la estrategia del “canje de votos por comida”.
Según un documento difundido por El Estímulo, los consejos comunales –un órgano dependiente del gobierno instalados en cada comunidad– serían la base para hacer votar a todos los beneficiados por el programa CLAP tal como se viene realizando desde la elección de la criticada Asamblea Constituyente, conformada por oficialistas, a mediados de 2017 y dando siempre resultados favorables para el gobierno de Nicolás Maduro. Tal estrategia fue difundida públicamente por el número dos del chavismo, Diosdado Cabello, celebrando que sacarían a votar por la revolución a “Raimundo y todo el mundo”.
Tales denuncias llegaron hasta el Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU y a la Corte Penal Internacional (CPI), para que investigue fondo el caso de Pérez y sus compañeros sublevados, que según el informe presentado por la diputada Solórzano ante el Legislativo, resultó una “ejecución extrajudicial”.
El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos aseguró haber recibido informes de asesinatos extrajudiciales en ese país, entre otras violaciones a los derechos fundamentales.
Zeid Ra’ad Al Hussein expresó este miércoles ante el Consejo de los Derechos Humanos en Ginebra que “la situación en Venezuela es profundamente alarmante”.
Zeid destacó que la malnutrición ha aumentado drásticamente en todo el país afectando en particular a niños y ancianos, y los informes indican que los programas de asistencia del Gobierno a menudo están condicionados a sus afiliaciones políticas.