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Unas 2.500 empresas han abandonado Cataluña desde el conflicto independentista

Viernes, 17 de noviembre de 2017 - 13:57 UTC
Las 62 principales empresas que han trasladado su sede fuera de Cataluña suponen un impacto directo en el PIB de US$13.618 millones de euros Las 62 principales empresas que han trasladado su sede fuera de Cataluña suponen un impacto directo en el PIB de US$13.618 millones de euros

La salida de empresas de Cataluña se ha frenado en los últimos días, pero ya alcanza a 2.498 sociedades desde el pasado primero de octubre, cuando se celebró el referéndum ilegal de independencia, según datos del Colegio de Registradores Mercantiles de España.

 Sin embargo, la tendencia se ha frenado después de que el viernes 27 de octubre el Parlament aprobara la DUI (Declaración Unilateral de Independencia) y, posteriormente, el Senado autorizara la aplicación del artículo 155 de la Constitución para restablecer la legalidad en Cataluña, según informó el diario español Expansión.

El menor número de salidas de firmas tuvo lugar el martes 14 de noviembre, con 27 traslados, mientras que el día con mayor número de retiros fue el 19 de octubre, con 268 compañías. Del total de sociedades que han abandonado la región desde el referéndum del primero de octubre, 2.226 de ellas tenían su sede en Barcelona.

Las 62 principales empresas que han trasladado su sede fuera de Cataluña suponen un impacto directo en el PIB de US$13.618 millones de euros, lo que representa un 5,4% de la economía catalana y un 1% de la economía española en su conjunto, según consignó el medio español.

El clima de inestabilidad política que se vive tras el referéndum del 1 de octubre ha supuesto ya el traslado de seis de las siete cotizadas catalanas del Ibex: Sabadell, Gas Natural, CaixaBank, Abertis, Cellnex y Colonial. Grifols es la única empresa que se resiste a abandonar la región.

Dentro del Mercado Continuo ya son siete las empresas que mudan su sede: Oryzon, Dogi, Service Point, Catalana Occidente, eDreams, Applus y Cementos Molins. El argumento que esgrime la mayor parte de las empresas que se han marchado es que el cambio de domicilio o sede social es un movimiento estratégico para proteger los intereses de sus accionistas, clientes y empleados.