El gobierno de Brasil ultima detalles del proyecto que enviará al Congreso para privatizar Eletrobras, la mayor compañía de electricidad de América Latina, por la que obtendrían US$ 11.200 millones. Se trata de una joya del relicario de empresas brasileñas.
Los 36.600 millones de reales (US$ 11.200 millones) que ingresarían por Eletrobras –bastante por encima de los 20.000 millones de reales estimados originalmente– serán divididos en tres partes iguales de 12.200 millones para paliar el déficit fiscal, moderar alzas en las tarifas y sanear las cuentas de la empresa.
También, para engrosar los ingresos fiscales, que se redujeron tras una recesión histórica entre 2015 y 2016.
Entre los temas aún en discusión figura el porcentaje de esta empresa de capital mixto que quedará en manos del Estado. Actualmente es el 63%, pero podría reducirse a menos de 40%, anticipó el ministro de Planificación, Dyogo de Oliveira.
Lo que sí está decidido para la privatización de esta joya del relicario de empresas brasileñas que genera más del 30% del consumo anual del país (170,9 millones de MWh en 2016) es que el capital que se abra será pulverizado a través de una emisión de acciones y que el gobierno mantendrá poder de veto sobre cualquier decisión contraria a sus intereses. Además, se limitará el capital máximo por accionista a un 10%.
Desde que se anunció la privatización de la empresa el 22 de agosto pasado, los títulos ordinarios de Eletrobras fueron la sexta mejor inversión bursátil de Brasil, con una ganancia del 45,92%, y la segunda entre las que integran el índice Ibovespa, según datos de la consultora Economatica hasta el cierre del lunes pasado.
El Palacio de Planalto apuesta a que la iniciativa sea tratada en lo que queda de 2017, pese a que su apoyo en el Legislativo se debilitó luego de que la Fiscalía General denunciara dos veces por corrupción al presidente conservador Michel Temer.
Ambos procesos fueron finalmente bloqueados en la Cámara de Diputados, pero Temer pagó un alto costo y su gestión virtualmente se paralizó durante cinco meses. Ahora, pretende empujar concesiones, inversiones y privatizaciones en el área de infraestructura para retomar la iniciativa política a poco más de 13 meses del final de su período.