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Tribunal Electoral de Brasil se muestra dividido en discusiones sobre la suerte del presidente Temer
Mendes comentó que muchos observadores extranjeros “quedan asustados” por la cantidad de mandatos anulados por el TSE. 
Para Benjamín “las dictaduras anulaban y anulan los mandatos de quienes defienden la democracia. El TSE, de quienes están contra la democracia. Hay una gran diferencia”. 
Mendes cuestionó argumentos de Benjamin para introducir pruebas posteriores a la fase de instrucción procedentes de delaciones premiadas de ex ejecutivos de Odebrecht Las dos primeras sesiones del juicio que amenaza con acabar con la presidencia de Michel Temer dieron lugar a reflexiones sobre los males que aquejan a la democracia de Brasil. Temer es juzgado junto a la ex mandataria Dilma Rousseff por delito electoral.
Las principales intervenciones estuvieron a cargo del relator del caso, Herman Benjamin, y del presidente del Tribunal Superior Electoral (TSE), Gilmar Mendes. El TSE juzga si la fórmula presidencial vencedora en la campaña de 2014, compuesta por Dilma Rousseff y Temer, cometió abusos de poder político y económico y si se benefició de financiación ilegal procedente del mega fraude a Petrobras, una trama descubierta con las investigaciones de la operación judicial “Lava Jato” (Lavadero de autos).
Durante la segunda jornada hubo momentos álgidos, como cuando los magistrados hicieron referencia a los tribunales en la época de la dictadura y la democracia. Mendes, que en varias ocasiones ya se mostró crítico con la operación anticorrupción Lava Jato, comentó que muchos observadores extranjeros “quedan asustados” por la cantidad de mandatos anulados por el TSE.
”Se hace hasta una estimación macabra de cuántos mandatos de parlamentarios, de concejales, de alcaldes son anulados (...) Dicen: están anulando más mandatos que la dictadura y es una Justicia que se pretende democrática”, señaló.
Y la respuesta de Benjamín fue: “Las dictaduras anulaban y anulan los mandatos de quienes defienden la democracia. El TSE, de quienes están contra la democracia. Hay una enorme diferencia”.
En otro momento debatieron sobre la inclusión de las delación de los ex ejecutivos de la constructora Odebrecht como prueba en este juicio que podría obligar a Temer a dejar el Palacio de Planalto.
Mendes cuestiona los argumentos que usó Benjamin para introducir pruebas posteriores a la fase de instrucción procedentes de delaciones premiadas de ex ejecutivos de la constructora Odebrecht, que contienen las acusaciones más graves contra la fórmula presidencial Rousseff-Temer.
El presidente del TSE ironiza con que podría incluir, entonces, también las de ejecutivos del gigante cárnico JBS, que desde hace tres semanas tienen entre las cuerdas a Temer. “Su Excelencia tendría que mantener el proceso abierto e introducir las delaciones de JBS (...) para demostrar que el argumento de su Excelencia es falaz. Hay límites establecidos por el proceso”.
Ante lo que Benjamin sostuvo que no introdujo en sus alegatos ningún hecho que no fuera “notorio”. ”Solo los indios de la Amazonía no sabían que Odebrecht había hecho un acuerdo de colaboración premiada. Si eso no es un hecho público y notorio, ninguno lo sería”, indicó.
El tribunal no tiene plazo para tomar una decisión y podría demorar semanas, aunque la creciente agitación política que se vive en Brasil, que enfrenta la posible expulsión de un presidente de su cargo por segunda vez en un año, aumentará la presión sobre los jueces para entregar un fallo con rapidez.
Las denuncias fueron presentadas en 2014 y 2015 por el PSDB (centroderecha, del ex presidente Fernando H. Cardoso), derrotado en las urnas. Pero que en la actualidad es, paradójicamente, el principal aliado del PMDB de Temer, quien asumió la presidencia tras la destitución de Rousseff en agosto de 2016.
El juicio comenzó en abril pasado, pero fue suspendido para escuchar a nuevos testigos, y se reanudó en medio de una grave crisis que se cierne sobre Temer, también investigado en la Corte Suprema por los supuestos delitos de corrupción pasiva y obstrucción a la justicia. Si el tribunal invalida las elecciones de 2014, el presidente de la Cámara Baja asumiría la presidencia y el Congreso tendrá treinta días para elegir un mandatario interino que lidere el país hasta 2018.
