La Policía brasileña arrestó este martes al ex ministro de Turismo Henrique Eduardo Alves, en el marco de una investigación sobre corrupción y lavado en la construcción del estadio Arena das Dunas, que albergó juegos del Mundial 2014 en la ciudad de Natal.
La operación policial en los estados de Rio Grande do Norte y Paraná todavía está en las calles, dijo una fuente de la Policía, que no confirmó si Alves es una de las cinco personas arrestadas. Pero la prensa de Sao Paulo y Brasilia lo dieron como un hecho, hasta en un mal momento para Temer cuando la Suprema Corte Electoral discute sobre su futuro político.
Las autoridades investigan actos de corrupción activa y pasiva, además de lavado de dinero involucrando la construcción del Arena das Dunas, cuya sobrefacturación alcanza los 77 millones de reales (unos US$ 35,5 millones), informó la policía en un comunicado.
En la investigación surgieron pruebas que apuntaban a la recepción de ventajas indebidas por parte de dos ex legisladores cuyas actuaciones políticas favorecían a dos grandes constructoras involucradas en la construcción del estadio, añadió la nota.
Alves fue diputado e integró el gabinete interino del presidente Michel Temer cuando éste asumió el gobierno en mayo de 2016. Renunció un mes después al verse involucrado en denuncias dentro del caso Lava Jato. En esa ocasión, Alves -el tercer ministro de Temer en renunciar salpicado por escándalos- explicó en una carta pública que dejaba el cargo para no comprometer o crear ninguna dificultad para el gobierno.
La operación de este martes es un desdoblamiento de la operación Lava Jato, explicó la Policía, el mayor escándalo de corrupción en la historia de Brasil, que investiga desde 2014 una masiva red de corrupción integrada por políticos, empresarios e intermediarios que drenaban millonarias sumas desde la petrolera estatal Petrobras.
Después de golpear de lleno al Partido de los Trabajadores de Dilma Rousseff, el caso se transformó en una amenaza de alto riesgo para el PMDB, que heredó el poder cuando ella fue destituida por el Congreso en agosto de 2016 bajo acusaciones de manipular las cuentas públicas.