El Ministerio Público brasileño pidió prisión para el ex presidente Lula da Silva por el delito de corrupción pasiva calificada en relación a un inmueble que la Justicia atribuye al ex mandatario aunque él lo ha negado en varias oportunidades, informaron hoy fuentes judiciales.
La petición consta en documentos remitidos al juez federal Sergio Moro y corresponden a una causa penal en la que Lula es acusado de ocultación de patrimonio y otros delitos relacionados con un departamento que sería de su propiedad, pero aparece registrado a nombre de empresarios que supuestamente le habrían servido de testaferros.
El apartamento, un tríplex situado en el balneario de Guarujá, en el litoral de San Pablo, figura en los registros como propiedad de la empresa OAS, una de las constructoras implicadas en el escándalo descubierto en la estatal Petrobras.
Lula, uno de los líderes más populares del país y quien gobernó entre 2003 y 2011, responde en tribunales en otras cuatro causas penales y la Fiscalía ha presentado una sexta denuncia en su contra por otros asuntos, en su mayoría relacionados con la trama corrupta en la petrolera.
El caso relacionado al apartamento de Guarujá es el más avanzado y se prevé que el juez estará en condiciones de dictar sentencia a principios del mes próximo. Lula niega ser el propietario del inmueble y asegura ser víctima de una persecución judicial que busca impedirle volver a postularse a la Presidencia en las elecciones previstas para octubre de 2018.
La Fiscalía, sin embargo, sostiene que existen pruebas robustas en su contra y ha pedido que, junto con Lula, sean condenados a prisión el ex presidente de la constructora OAS Leo Pinheiro y cinco ex directivos de esa empresa.
De acuerdo con la acusación, el inmueble le habría sido entregado a Lula y a su familia, a cambio de maniobras que el ex presidente hiciera desde el poder para que le fueran adjudicados a OAS unos millonarios contratos de obras con Petrobras.