China declaró en vigor la nueva y polémica ley sobre ciber seguridad entre quejas de las empresas extranjeras acerca de posibles limitaciones a su capacidad de negocios en el país y promesas de Pekín de que no trata de restringir la libre competencia.
La medida, que el Legislativo aprobó el pasado noviembre, busca, según las autoridades del país, proteger la privacidad de los datos y reducir la vulnerabilidad a ataques como el del virus WannaCry que afectó a centenares de miles de sistemas informáticos en todo el mundo.
“No hay seguridad nacional sin ciberseguridad”, ha dicho el Presidente chino, Xi Jinping, en una muestra de la importancia que Beijing atribuye a la medida. Desde la llegada de Xi al poder, el régimen chino ha incrementado la censura y el control sobre internet, ha reclamado la soberanía nacional en el ciberespacio y ha puesto en marcha una serie de regulaciones sobre las empresas tecnológicas.
El objetivo de la nueva ley es, según la Administración del Ciberespacio de China (Cac), “salvaguardar la soberanía en el ciberespacio, la seguridad nacional y el interés público, así como los derechos y los intereses de los ciudadanos”. Una meta que la hace tan amplia como vaga, y por tanto complicada de cumplir, señalan sus críticos. Aunque oficialmente entrará en vigor este jueves, Beijing tiene dos años para ir poniendo en marcha sus distintos elementos clave.
Entre otros aspectos positivos, la nueva ley regula la protección de datos, hasta ahora una zona gris en China. Los proveedores de servicios de Internet no podrán recabar y vender sin autorización la información personal de sus usuarios, y sus clientes podrán exigir que se borren sus datos en caso de abuso.
Pero también prohíbe que los usuarios de Internet puedan publicar contenido que perjudique “el honor nacional” o del que se sospeche que pueda intentar “deponer el sistema socialista” o la alteración del orden social y económico vigente.
Otras provisiones han suscitado también el escepticismo, o directamente la preocupación de analistas y empresas extranjeras que habían solicitado el aplazamiento de la entrada en vigor de la medida hasta que se aclarasen algunos de sus puntos más polémicos. En su opinión, partes de la ley amenazan con excluir a firmas foráneas de sectores que Beijing define como “clave” pero que no están claramente delimitados.
Las cláusulas de la ley prevén revisiones de seguridad periódicas para los productos de aquellas empresas autorizadas a operar en sectores “clave”.