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Chavismo dividido: Fiscal General denuncia “ruptura del orden constitucional”
En un sorpresivo giro, Lucía Ortega rechazó dos sentencias con las cuales el TSJ despojó al Legislativo de sus competencias y a los diputados de inmunidad. 
El bloque opositor denuncia que se consumó un golpe de Estado y desconoce al TSJ. 
Ortega es una confesa chavista, esposa de un diputado de gobierno e impulsó el encarcelamiento de los opositores que organizaron marchas contra el gobierno. La decisión del máximo tribunal venezolano de adjudicare las funciones del Parlamento de amplia mayoría opositora, abrió este viernes una grieta en el chavismo luego de que la fiscal general, Luisa Ortega, cercana al gobierno, denunciara una “ruptura del orden constitucional”.
En un sorpresivo giro, Ortega rechazó dos sentencias con las cuales el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) despojó esta semana al Legislativo de sus competencias y a los diputados de inmunidad.
El bloque opositor denuncia que se consumó un golpe de Estado y desconoce al TSJ.
”Se evidencian varias violaciones del orden constitucional y desconocimiento del modelo de Estado consagrado en nuestra Constitución (...), lo que constituye una ruptura del orden constitucional“, señaló Ortega, confesa chavista y esposa de un diputado de gobierno, al referirse a las sentencias durante un acto público.
Es la primera alta funcionaria del Estado que critica los fallos judiciales, que desataron una oleada de rechazo en la comunidad internacional marcada por denuncias de ruptura institucional.
Aunque se distanció de las declaraciones de gobernantes extranjeros, Ortega dijo que era ”una obligación“ expresar su ”alta preocupación“.
”La última sentencia del TSJ es el peor ataque contra la democracia y Maduro no puede pretender que no produzca efectos en la estructura de poder. La fiscal, garante de la legalidad, da un gran paso: esto significa el agrietamiento, y cuidado si no el rompimiento, de la estructura interna del poder chavista“, dijo el politólogo Luis Salamanca.
Naciones Unidas se sumó este viernes al alud de críticas. El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Zeid Ra'ad Al Hussein, solicitó a la corte que ”reconsidere su decisión“, al subrayar que ”la separación de poderes es fundamental” para la democracia.
Estados Unidos, la Unión Europea y una decena de países latinoamericanos, junto con el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, ya habían expresado el jueves su rechazo. Perú retiró a su embajador en Caracas, y Chile y Colombia llamaron a consultas a los suyos.
Argentina, en tanto, convocó un encuentro de cancilleres de Mercosur para el sábado en Buenos Aires.
En medio de las tensiones, la canciller Delcy Rodríguez suspendió un acto en el que expresaría este viernes su apoyo a las decisiones del TSJ. No se informó los motivos. Pero el gobierno aseguró más temprano que “es falso que se haya consumado un golpe de Estado en Venezuela”.
“Por el contrario, sus instituciones han adoptado correctivos legales para detener la desviada y golpista actuación de los parlamentarios opositores, declarados abiertamente en desacato a las decisiones” del tribunal, señaló un comunicado de la cancillería.
Rodríguez también denunció una “histérica campaña” dirigida por Estados Unidos y que involucraría a gobiernos de derecha para desestabilizar a Maduro.
El TSJ alega que la cámara se encuentra en “desacato” por la juramentación de tres diputados indígenas de la oposición cuya elección había sido anulada por la justicia por presunto fraude. Bajo ese argumento ha anulado todas sus decisiones.
La oposición, en tanto, inició el viernes protestas callejeras en Caracas entre llamados para la convocatoria de elecciones generales, lo que Maduro descarta de plano. Los comicios presidenciales están previstos para diciembre de 2018, mientras los de gobernadores, que debieron realizarse a finales del año pasado, fueron pospuestos y aún no tienen fecha.
