La Cámara Criminal Federal ordenó el jueves la reapertura del caso presentado por el entonces Fiscal Especial de la AMIA, Alberto Nisman, cuatro días antes de ser encontrado muerto en su domicilio. Nisman denunciaba a la entonces presidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner por el presunto encubrimiento de los ciudadanos iraníes sospechosos de estar detrás del atentado a la AMIA en julio de 1994.
El tribunal acordó otorgar a la Delegación de Asociaciones Argentinas de Israel (DAIA) el derecho de actuar como querellante y retiró del caso al juez Daniel Rafecas y a los jueces de segunda instancia Eduardo Freiler y Jorge Ballestero, quienes se habían negado dos veces a investigar más a fondo las acusaciones de Nisman, aduciendo que eran infundadas.
El caso ahora quedará en manos del juez federal Ariel Lijo, quien resultó designado este viernes por sorteo. El fiscal Gerardo Pollicita seguirá encargado de representar al pueblo. Pollicita había pedido a Rafecas y a otros jueces que emitieran órdenes para perseguir varias líneas de investigación, pero los magistrados se negaron continuamente a concederlas.
Nisman había denunciado que el Memorando de Entendimiento firmado por el gobierno de Kirchner con la República Islámica de Irán sobre los ciudadanos de ese país acusado de haber planeado el atentado de 1994 constituyó un encubrimiento desde que los retiró del sistema judicial Argentino, lo cual está expresamente prohibido por la Constitución (artículo 18).
En la causa también son investigados el ex ministro de rerlaciones exteriores Héctor Timerman, el diputado Andrés Larroque, el dirigente Luis D'Elía, y el lider de la agrupación Quebracho, Fernando Esteche, entre otros.
Nisman fue encontrado muerto con una bala calibre .22 en su cabeza. Los funcionarios kirchneristas y su aparato de propaganda siempre han mantenido que era un caso claro de suicidio, mientras que la ex-esposa de Nisman, la juez federal Sandra Arroyo Salgado, madre de las dos hijas de Nisman, ha declarado abiertamente que tenía pruebas para demostrar que se trataba de un asesinato.
La DAIA logró que la investigación se reabriera al introducir nuevas pruebas este año, que básicamente se refieren a una conversación telefónica entre Timerman y el entonces presidente de AMIA, Guillermo Borger.