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Brasileños salen a la calle en apoyo a jueces del caso Petrobras y condenar políticos corruptos

Panancartas con la leyenda “Fuera Renan” arengaban a los manifestantes.

Miles de brasileños protestaron este domingo contra la corrupción política y en apoyo a los investigadores del emblemático caso Petrobras, en momentos en que el país vive un crudo enfrentamiento entre el Congreso y el Poder Judicial.

 Con epicentro en Rio de Janeiro, Brasilia y por la tarde en Sao Paulo, en protestas extendidas también a decenas de otras ciudades del país, los manifestantes convocados por muchas de las organizaciones que apoyaron la destitución de la presidenta Dilma Rousseff salieron a las calles vestidos sobre todo con la camiseta amarilla de la selección de fútbol.

“Operación Lava Jato, defendida por el pueblo”, decía un cartel portado por un manifestante en Rio de Janeiro, que resumía el reclamo central: proteger la investigación que reveló un esquema de desvíos multimillonarios de la petrolera estatal hacia la política.

En Brasilia, unas 5.000 personas se reunieron frente al Congreso, según informó la Secretaría de Seguridad, y colocaron paneles flotantes con ratas dibujadas sobre las grandes piletas que anteceden a la entrada principal del edificio. Una pancarta con la leyenda “Fuera Renan” decoraba un camión desde donde los organizadores arengaban a los manifestantes.

Renan Calheiros, el poderoso presidente del Senado, fue el blanco principal de los ataques. Aliado clave de Temer y miembro de su partido, enfrenta una docena de investigaciones, varias de ellas ligadas a la red de sobornos de Petrobras.

“Es hora que pague. Queremos limpiar esta banda de ladrones, queremos limpiar Brasil, queremos un Brasil nuevo”, se leía en pancartas junto a un muñeco inflado con la imagen del juez Sergio Moro ataviado de superhéroe.

Moro, un joven magistrado de Curitiba (sur), se convirtió en un emblema de la batalla contra la corrupción luego de que sus fallos enviaran a prisión a empresarios y figuras políticas. “En Moro confiamos”, “Todos somos Moro”, se leían carteles en Sao Paulo.

El jefe de la Cámara de Diputados, Rodrigo Maia, otro aliado de Temer y el primero en la línea de sucesión presidencial, también fue cuestionado. “Estuvimos en la calle para apoyar el impeachment de Rousseff pero los políticos no pueden relajarse, deben saber que seguiremos en la calle contra todos ellos, contra toda esta corrupción generalizada”.

La crisis política brasileña, que llevó al juicio político de Rousseff y a su reemplazo por el gobierno conservador que encabeza el ex vicepresidente Michel Temer, tuvo un nuevo capítulo esta semana cuando la Cámara de Diputados alteró profundamente un paquete anticorrupción enviado por los fiscales de Petrobras, que fue apoyado por más de dos millones de firmas.

En una votación realizada durante la madrugada los diputados anexaron una enmienda que permite incriminar a los propios investigadores que habían elaborado el proyecto. El equipo de procuradores de la “Operación Lava Jato” (lavadero de autos), como se conoce a la causa de la estatal, amenazó con renunciar y, casi en simultáneo, Calheiros intentó que el Senado votara el polémico proyecto en forma urgente, desatando la furia de muchos brasileños que la noche del miércoles golpearon sus cacerolas en señal de protesta.

Calheiros, que había marcado para el martes el tratamiento de un proyecto de su autoría para limitar posibles “abusos” del Poder Judicial, divulgó una nota al mediodía del domingo: “Las manifestaciones son legítimas y deben ser respetadas (...), el Senado continúa permeable y sensible a las demandas sociales”.

Muchos manifestantes también pedían la eliminación de los fueros privilegiados, que impiden que políticos con cargos vigentes sean juzgados por la justicia ordinaria. Sus casos son remitidos a la corte suprema, donde suelen tramitarse más lentamente, como fue el ejemplo de una denuncia contra el propio Calheiros, recibida esta semana tres años después de haber sido presentada.

El dique de leyes que busca montar el Congreso para limitar las acciones del Poder Judicial coincide con la firma de un acuerdo de “delación premiada” entre las autoridades y el grupo de ingeniería Odebrecht, que jugó un rol central en la confabulación política-empresarial de Petrobras y que aportaría muchos nombres nuevos a la lista de sospechosos. El pacto suscrito prevé una reducción de las condenas de los involucrados a cambio de información sobre el caso.