El proyecto de decreto presidencial, disponible en Internet, significaría que Rusia aceptará la propuesta del Ministerio de Justicia ruso de acuerdo con el Ministerio ruso de Asuntos Exteriores y otros órganos federales del poder ejecutivo, junto con la Corte Suprema de Rusia, El Fiscal General de la Federación de Rusia y el Comité Ruso de Investigaciones, sobre el envío al Secretario General de las Naciones Unidas una nota de intención de la Federación de Rusia de no ser parte en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.
Un día después de que la Corte Penal Internacional (CPI) de La Haya reconociera la anexión de la península de Crimea como un conflicto militar entre Rusia y Ucrania y una ocupación rusa del territorio ucraniano, la administración de Vladimir Putin anunció el miércoles su probable respuesta. Sin embargo, el decreto aún no se ha firmado.
El Estatuto de Roma es el tratado que constituyó la Corte Penal Internacional y que Rusia firmó originalmente en 2000. El martes, la CPI emitió una decisión reconociendo la existencia de un conflicto armado internacional entre Rusia y Ucrania, al tiempo que calificó la presencia de Rusia en la península de Crimea como una ocupación militar.
Según la información recibida, la situación en Crimea y Sebastopol es equivalente al conflicto armado internacional entre Ucrania y la Federación de Rusia, dijo un informe preliminar del Fiscal de la CPI Fatou Bensouda. Este conflicto armado internacional comenzó a más tardar el 26 de febrero, cuando la Federación de Rusia empleó a miembros de sus fuerzas armadas para hacerse con el control de partes del territorio de Ucrania sin el consentimiento del gobierno de Ucrania.
El informe continúa afirmando que la ley sobre el conflicto armado internacional se aplica a la situación en Crimea desde el 18 de marzo de 2014, y que de acuerdo con esa ley, la presencia de Rusia en Crimea y Sebastopol puede considerarse una ocupación. La presencia de Rusia en la región de Donbass de Ucrania también cae bajo la ley, según el informe.
También figuran en el informe varias denuncias penales fundamentales en relación con la anexión de Crimea, incluida la opresión de los tártaros de Crimea, las detenciones y los juicios injustos, los homicidios y los secuestros y el servicio militar forzado.