La Policía Federal de Brasil le pidió a la Fiscalía que impute por corrupción y asociación para delinquir al ex ministro Paulo Bernardo da Silva, que integró los gabinetes de los presidentes Lula da Silva (2003/2010) y Dilma Rousseff (2011-2016), según fuentes oficiales.
La petición fue hecha en una notificación enviada a la Fiscalía al concluir la Policía Federal una investigación sobre la supuesta participación del ex ministro en una red acusada de cobrar sobornos a cambio de contratos por cerca de 100 millones de reales (unos 43,5 millones de dólares) con el Ministerio de Planificación entre 2010 y 2015.
La solicitud de la Policía Federal será analizada ahora por la Fiscalía, que, en caso que la considere procedente, solicitará a la Justicia que abra el respectivo juicio.
Silva fue ministro de Planificación en el Gobierno de Lula da Silva y también ocupó la cartera de Comunicaciones durante la gestión de Dilma Rousseff, sustituida desde el pasado 12 de mayo por su entonces vicepresidente, Michel Temer, mientras el Senado la somete a un juicio político destituyente previsto para concluir en agosto próximo.
El ex ministro, un importante correligionario de Lula y Rousseff en el Partido de los Trabajadores (PT), fue arrestado el 23 de junio pasado en el marco de la misma investigación, pero fue beneficiado pocos días después la libertad condicional.
La Policía solicitó entonces la detención para impedir que el acusado interviniera en la investigación. Silva es el principal acusado en una investigación sobre millonarios fraudes con contratos de créditos que la banca estatal ofrece a los empleados y jubilados del sector público, que también salpica a otros dirigentes del PT.
Parte de la tasa de mediación cobrada por los bancos por los créditos fue depositado en cuentas del abogado Guilherme Gonçalves, quien, según la Policía Federal, utilizó los recursos para pagar gastos personales y de campaña del ex ministro.
Silva está casado con la senadora del PT Gleisi Hoffmann, quien también fue ministra en el Gobierno de Rousseff y es una de las más activas figuras de la defensa en el juicio político al que responde la mandataria.
Tanto Silva como su esposa fueron denunciados en marzo pasado como supuestos beneficiarios de la red de corrupción que operó en la petrolera estatal Petrobras, pero la Justicia todavía no se ha pronunciado sobre ese asunto.