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Empresario ligado a los Kirchner arrestado por supuesto lavado de dinero
La detención fue determinada por orden del juez federal Sebastián Casanello, que investiga una presunta red de lavado de dinero en la que está involucrado Báez 
Báez fue principal adjudicatario de obras públicas en la sureña provincia argentina de Santa Cruz y estrecho colaborador del fallecido ex presidente Néstor Kirchner. 
El contratista de obra pública en Río Gallegos tiempos más felices junto a influyentes y poderosos amigos 
La causa tomó relevancia tras la difusión de vídeos de 2012 que muestran a varias personas, entre ellas el hijo de Báez, Martín contando millones de dólares El empresario argentino Lázaro Báez, cercano a la familia Kirchner e investigado en una causa por presunto lavado de dinero, fue arrestado este martes poco de aterrizar en un Lear Jet de su propiedad en un aeropuerto en la periferia del norte de Buenos Aires, informaron fuentes judiciales.
La detención fue determinada por orden del juez federal Sebastián Casanello, que investiga una presunta red de lavado de dinero en la que está involucrado Báez, principal adjudicatario de obras públicas en la sureña provincia argentina de Santa Cruz y estrecho colaborador del fallecido ex gobernador de esa provincia y ex presidente argentino Néstor Kirchner.
La investigación se inició en 2013 cuando el financiero Federico Elaskar dijo en un programa de televisión haber sacado del país millonarios fondos de Báez a través de sociedades inscritas en Panamá, algo que luego negó ante la Justicia.
Recientemente, la causa volvió a cobrar relevancia tras la difusión por televisión de vídeos de 2012 que muestran a varias personas contando millones de dólares en la oficina que tenía la financiera SGI en Buenos Aires, entre las que se encuentra Martín Báez, hijo de Lázaro.
Casanello, además, hizo detener en su domicilio en Buenos Aires a Daniel Pérez Gadín, contador de Baéz y también involucrado en la causa.
La orden de arresto se dictó ante el temor de fuga del dueño de Austral Construcciones, ya que por directiva suya, Báez era objeto de un “seguimiento” desde el 31 de marzo pasado por parte de fuerzas de seguridad, del que se habría percatado en las últimas horas.
Además, sobre el empresario pesaba la “prohibición de salida del país, dado que existían riesgos que ameritaban restringir con ese alcance su libertad”.
En ese contexto, en la resolución, Casanello explicó que “personal policial abocado a las tareas ordenadas por este tribunal el pasado 31 de marzo pudo observar que se encontraba sobre la pista de despegue del aeropuerto de la ciudad de Río Gallegos, en condiciones de operar” una aeronave cuyo pasajero “se habría corroborado” sería Lázaro Báez.
“La noticia de la utilización de la aeronave privada -propiedad de la firma TOP AIR SA, cuyo 49% pertenece a Austral Construcciones SA, que, a su vez, en un 95% pertenece a Lázaro Báez-, a dos de días de la fecha estipulada para la realización de la audiencia, es un detonante que dispara los riesgos de fuga y exige el dictado urgente de una medida idónea que asegure los fines procesales”, justificó el juez en su escrito.
Según el magistrado, la “falta de un plan de vuelo”, alertó sobre la posibilidad de que Báez se fugara. El empresario se enteró de la orden de arresto cuando estaba en vuelo, junto a su hijo Martín y otras dos personas, pudo saber NA de fuentes judiciales.
Báez este miércoles debe prestar declaración indagatoria ante Casanello, en el marco de la causa que lo tiene procesado tras la difusión de un video en el que se observa a personas de su entorno contando dinero en “La Rosadita”.
En la investigación también están involucrados su hijo Martín Báez; el contador Pérez Gadin; su hijo Sebastián; Walter Adriano Zanzot; el presidente de la financiera SGI, César Gustavo Fernández; y Fabián Virgilio Rossi, ex/pareja de la vedette Iliana Calabró.
Todos fueron citados a indagatoria al conocerse imágenes de las cámaras de seguridad de las oficinas de la financiera SGI, en donde se los ve contando varios millones de dólares y euros en efectivo. Los hechos tuvieron lugar en el segundo semestre de 2012 y son en total más de 90 horas de filmación, que ya fueron enviadas a peritar por el juzgado.
“A partir del ingreso de ese dinero en efectivo en aquellas oficinas se disimuló y ocultó el origen y titularidad de tales capitales no declarados, iniciándose un proceso tendiente a evitar su trazabilidad, en pos de cortar todo lazo con los hechos que los originaron y convertirlos e integrarlos al circuito económico como procedentes de fuentes lícitas”, indicó Casanello en la resolución.
