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Senador relator de comisión de presupuesto falla a favor de Rousseff
Según Gurgacz los argumentos presentados por el tribunal “no son relevantes lo suficiente como para reprobar los balances del año pasado”. El senador brasileño escogido para analizar las cuentas públicas del Gobierno de la presidenta Dilma Rousseff en 2014 dijo que recomendará su aprobación por considerar que no tienen ninguna irregularidad.
Gurgacz, escogido como ponente del proceso en que la Comisión Mixta de Presupuesto del Congreso analiza las cuentas de 2014, dijo a periodistas que su opinión difiere de la del Tribunal de Cuentas del Estado (TCU), que recomendó la reprobación de las mismas.
Los balances oficiales correspondientes a 2014 fueron rechazados por el Tribunal de Cuentas, organismo de contraloría del Estado y consultor del Congreso, que recomendó que no sean aprobados por el Parlamento por diversas irregularidades.
Gurgacz, que entregó su parecer sobre las cuentas ante la comisión mixta del Senado y de la Cámara de Diputados que deberá aprobarlas o rechazarlas, afirmó que los argumentos presentados por el tribunal “no son relevantes lo suficiente como para reprobar los balances del año pasado”.
Según los magistrados del tribunal, el Gobierno dejó de depositar en la banca pública, usada como agente de pagos, parte de los montos previstos en 2014 para seguros de desempleo, subsidios a las familias más pobres y créditos para campesinos, entre otras obligaciones.
Ello llevó a los bancos a cubrir esos compromisos con sus propios recursos y le generó al Estado una deuda que el año pasado cerró en unos 40.000 millones de reales (unos 10.000 millones de dólares) y fue omitida de los resultados presentados por el Gobierno.
Para el tribunal, se tratan de “irregularidades graves” y prueban que “el Ejecutivo usó la banca pública para financiarse”, en un “claro incumplimiento” de la ley.
Para los partidos de la oposición, esta maniobra con la que el Gobierno intentó maquillar los malos resultados de las cuentas públicas el año pasado, constituye un delito de responsabilidad que justifica la apertura de un juicio político con fines de destitución contra la mandataria.
El presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, aceptó los argumentos de la oposición y autorizó el trámite para el juicio político, pero el mismo tan solo continuará en febrero próximo debido a que la Corte Suprema ordenó el reinicio del proceso y a que el Congreso comenzará su receso legislativo esta semana.
Gurgacz, cuyo parecer tendrá que ser aprobado o rechazado por la comisión de Presupuesto antes del 6 de marzo próximo, alegó que el balance de las cuentas públicas de 2014 puede ser aprobado con algunas “observaciones” como en años anteriores y en otros Gobiernos.
Según el senador, un importante aliado de la jefe de Estado, los decretos firmados por la presidenta y cuestionados por el Tribunal de Cuentas no son ilegales y el procedimiento está previsto en la legislación presupuestaria.
De acuerdo con el ponente, tanto otros Gobiernos como las gobernaciones regionales han usado la misma estrategia para garantizar el funcionamiento del Estado y hasta ahora a ninguno se le ha acusado de crimen de responsabilidad.
“Tengo una buena relación con la presidenta y con la oposición. No redacté mi parecer pensado en (salvar a) la presidenta sino en el país”, afirmó. El legislador agregó en su parecer el que tribunal es tan solo un órgano consultivo del Legislativo y que el Congreso es autónomo para aprobar o reprobar las cuentas.
Según el senador, Rousseff tuvo que adoptar las maniobras contables debido a las dificultades económicas que vive el país y para no paralizar al Gobierno. “Fueron dificultades que surgieron a mediados del año y que justificaron algunos cambios en el presupuesto”, dijo.
