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Ministro de Dilma acusa a Cunha de intento de chantaje para poder evitar su remoción por corrupto
Cunha venía amenazando públicamente con dar trámite al juicio político contra Rousseff, en caso que sus intereses fueran contrariados, denunció Wagner 
La apertura del trámite de juicio se cumplió precisamente el día en que el PT, informó que apoyará un proceso en el Consejo de Ética para despojar a Cunha 
Como primer paso la Cámara Baja debe nombrar una comisión de 65 diputados de 23 partidos que decidirán si Rousseff será sometida o no a un juicio político. El ministro de la Presidencia del Brasil, Jacques Wagner, dijo este jueves que el presidente de los Diputados venía amenazando públicamente con autorizar la apertura del juicio político contra Dilma Rousseff, en caso de que sus intereses fueran contrariados y que finalmente cumplió.
Cunha autorizó darle trámite al juicio contra la presidenta precisamente el día en que el PT, la formación de Lula y de Rousseff, informó que apoyará la apertura de un proceso en el Consejo de Ética de la Cámara baja que puede despojar al legislador de su mandato.
El jefe de los Diputados enfrenta varias acusaciones en el marco del escándalo de corrupción descubierto en Petrobras y, además de un proceso en el Consejo de Ética, recientemente la Fiscalía abrió una investigación por unas cuentas bancarias nunca declaradas que le descubrió en el exterior y que al parecer recibieron depósitos de recursos desviados de la petrolera.
Lula negó que la presidenta hubiera intentando negociar un acuerdo para librar a Cunha del proceso en el Consejo de Ética de la Cámara de Diputados a cambio de que el legislador se abstuviera de abrir el proceso político en su contra.
“Conozco a Dilma (Rousseff) y me parece muy difícil que ella acepte ese tipo de negociaciones”, afirmó.
El complejo proceso constitucional que puede despojar a la presidenta de su mandato ya está en marcha y estará en manos de 65 diputados de 23 partidos que decidirán si Rousseff será sometida o no a un juicio político.
Esos 65 legisladores formarán la comisión especial que prevé la Constitución para juicios de esa naturaleza y determinarán si las maniobras fiscales denunciadas por la oposición y censuradas por órganos de contraloría del Estado constituyen un motivo para despojar a Rousseff del cargo para el que fue reelecta en 2014.
