Evo Morales será el presidente que más tiempo ha gobernado Bolivia al superar los 9 años y casi 9 meses continuos de Andrés de Santa Cruz en el siglo XIX, y aunque había dicho que se iría en 2019, apuesta ahora por poder presentarse de nuevo.
Si en febrero próximo sale el “sí” en la consulta popular en la que se decidirá sobre una modificación de la Constitución de 2009 que avale una nueva candidatura de Morales, será la cuarta vez que el presidente aimara concurra a los comicios presidenciales.
Y mientras la oposición acusa al mandatario de querer perpetuarse en el poder, entre sus seguidores hay quienes piden que pueda gobernar hasta el 2035 e incluso quienes quieren un “Evo para siempre”, es decir, una presidencia vitalicia. Morales fue elegido por primera vez en diciembre del 2005 con el 53,7% de los votos y asumió la Presidencia el 22 de enero del 2006, convirtiéndose en el primer presidente indígena de Bolivia.
En 2009 fue reelegido con el 64% y en el 2014 volvió a ganar con un 61,3%, tras concurrir por tercera vez como candidato presidencial respaldado por el Tribunal Constitucional, a pesar de que la Carta Magna que él mismo promulgó en el 2009 establece que un presidente solo podrá permanecer dos mandatos.
Ahora, y aunque hace unos meses aseguró que se retiraría en el 2019 y hasta anunció que abriría un restaurante, el gobernante parece tener prisa en asegurarse el camino hacia la reelección, pues los analistas consideran que se avecinan tiempos difíciles para la economía del país, boyante en la última década.
De ahí, según los críticos, la inusitada rapidez de la Asamblea Legislativa, de mayoría oficialista, en aprobar la ley de reforma constitucional que deberá refrendar la consulta popular, en un país en el que la tramitación de nuevas normas suele ser extremadamente lenta. La iniciativa llegó al Legislativo de la mano de los sindicatos y movimientos sociales que apoyan al mandatario, quien ha asegurado estar “sorprendido” por la propuesta, aunque dispuesto a volver a presentarse “si el pueblo lo quiere”.
La pregunta ahora es qué puede ocurrir el próximo 21 de febrero, la fecha para la que se ha fijado el referendo. Morales tiene a su favor las vacas gordas de casi una década viviendo de la nacionalización de los hidrocarburos decretada poco después de llegar al poder en 2006, y que ha consolidado el apoyo pretoriano de sus bases indígenas y sindicalistas, en especial en la región central de Cochabamba y en las del altiplano.
También le han beneficiado la demanda presentada ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) contra Chile para recuperar una salida soberana al Pacífico, una política exterior apoyada en la beligerancia “antiimperialista” contra Estados Unidos y una economía de subsidios. Sin embargo, la economía boliviana ha comenzado a ralentizarse por la bajada de los precios del petróleo, que regulan los precios del gas que el país vende a Argentina y Brasil, unas ventas sobre las que se sustenta la economía nacional.
Hace unos días, el presidente reconoció que el Estado dejará de ingresar más de 3.000 millones de dólares por el desplome del crudo y los minerales. Otros factores que juegan en contra de Morales son las críticas a una gestión cada vez más personalista y el retroceso en el estado de derecho debido al fracaso de la Justicia y a los ataques a la libertad de prensa que han sido denunciados por organizaciones como Human Rights Watch.
Las bases, hasta el momento, incondicionales del mandatario enviaron ya un mensaje de advertencia al oficialismo en los comicios autonómicos y locales de marzo pasado, en los que el MAS perdió algunos de sus bastiones, entre ellos la populosa ciudad de El Alto, de mayoría aimara, la de Cochabamba y la Gobernación de La Paz.