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Amnistía critica a Venezuela por 'violaciones' de DD.HH. a colombianos deportados a la fuerza
“En algunos casos se han denunciado maltratos durante la detención, desalojos forzosos y demolición de casas donde vivían o se cree que vivían colombianos” 
AI mostró “especial preocupación” por informes que indican que familiares han sido separados, con niños abandonados en Venezuela por expulsión de padres 
La crisis humanitaria comenzó cuando Maduro ordenó el cierre de frontera que comparten Táchira y el departamento colombiano de Norte de Santander La organización Amnistía Internacional (AI) dijo estar “profundamente preocupada” por las denuncias recibidas de graves violaciones de los derechos humanos cometidas contra ciudadanos colombianos en Venezuela, las cuales tienen lugar en el marco del estado de excepción declarado por el presidente Nicolás Maduro.
Más de 1.000 colombianos que vivían en ciudades fronterizas, en el estado Táchira, han sido deportadas por Venezuela en operativos conjuntos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y la Fuerza Armada en los últimos cinco días, según denunció AI en un comunicado.
“En algunos casos se han denunciado maltratos durante la detención, desalojos forzosos y demolición de casas donde vivían o se cree que vivían nacionales colombianos sin ningún tipo de respeto de garantías”, agregó la organización.
La crisis humanitaria comenzó el pasado miércoles, cuando el presidente Maduro ordenó el cierre de la frontera que comparten los estados de Táchira y el departamento colombiano de Norte de Santander. Esa decisión estuvo motivada por el ataque de presuntos contrabandistas contra militares venezolanos que se saldó con tres uniformados y un civil heridos.
Posteriormente, el mandatario declaró el estado de excepción en cinco ciudades de Táchira para buscar a presuntos paramilitares que operan en la frontera y desató una oleada de deportaciones de ciudadanos de ese país que, según denunciaron, vieron como sus casas eran marcadas y tuvieron que salir con lo puesto dejando sus propiedades atrás.
AI mostró una “especial preocupación” por los informes que indican que grupos familiares han sido separados, lo que ha producido que niños queden abandonados en Venezuela después de la expulsión de sus padres a Colombia. Por ello, pese a reconocer que el Estado tiene el deber de mantener la seguridad y el orden público, recordaron que las acciones destinadas a garantizarlas “no pueden resultar en violaciones de derechos humanos”.
Asimismo, agregaron que los procedimientos de expulsión o deportación “deben contener todas las salvaguardas previstas en los instrumentos legales internos y ajustarse a las normas internacionales de derechos humanos”. La organización también reclamó que se tomen medidas para garantizar que los funcionarios de inmigración y el personal militar lleven a cabo las detenciones, deportaciones o expulsiones con el debido respeto a los derechos humanos. En ese sentido, pidieron que todas las denuncias de abuso se investiguen sin demora y de forma independiente e imparcial.
Las obligaciones internacionales obligan a Venezuela a “proteger el derecho a la vida, a la integridad física, al debido proceso y a la protección judicial entre otros, aun cuando rige un estado de excepción”, concluyó AI.
