El Comité Asesor del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas acusó a los fondos especulativos o 'buitre' de obstaculizar y demorar los procesos de reestructuración de la deuda soberana, ya que su expectativa de obtener beneficios, aumenta en proporción a los problemas económicos y financieros de un país, según informó este jueves la Cancillería argentina.
Ello ciertamente aumentará sus beneficios, pero también el sufrimiento económico y humano, advirtió ese Comité, que esta semana examinó en Ginebra, Suiza, un informe de investigación sobre el impacto que las actividades de los dichos fondos tienen en los derechos humanos.
Esa investigación, según la Cancillería, analiza el impacto negativo que los fondos 'buitre' tienen en la capacidad de los Estados para cumplir con sus obligaciones en materia de derechos humanos y las acciones que éstos, individualmente o en conjunto, pueden tomar para enfrentarlos.
El estudio pone de manifiesto las preocupaciones crecientes que generan las estrategias empleadas por los fondos 'buitre', exacerbadas por la ausencia de un mecanismo jurídico internacional que regule sus actividades y las responsabilidades de sus impactos negativos, resaltó el Ministerio de Relaciones Exteriores, en un comunicado.
Además, explicó que es su modus operandi el que los define como buitre ya que se niegan a participar en procesos de reestructuración de deuda de forma ordenada y transparente y, en cambio, se benefician de la opacidad y falta de control existente en el mercado secundario y en los paraísos fiscales, donde tiene sede: el promedio de sus tasas de retorno es de 3 a 20 veces más de lo invertido, equivalente a retornos de 300 a 2.000%.
La práctica predatoria de estos fondos es de larga trayectoria, en particular contra países en desarrollo. A pesar de que los países africanos sean los más frecuentemente atacados -con un promedio de ocho demandas interpuestas por año- el informe destaca que este hecho alarmante sólo ha tomado notoriedad pública tras la batalla de la Argentina contra NML, que ha impulsado a la comunidad internacional a tomar medidas, enfatizó la información oficial.
La cancillería argentina recordó que actualmente existen 223 procesos judiciales contra 48 Estados iniciados por 26 fondos 'buitre', procesos que proliferan porque no existe legislación internacional que regule la actividad especulativa de estos fondos.