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Película repetida: Argentina y Uruguay discrepan sobre pastera finlandesa
El análisis de aguas debería incluir al río Gualeguaychú, que desemboca en el Uruguay, afirma el canciller Nin Novoa 
Las relaciones de los vecinos vivieron su peor momento durante el primer gobierno de Vázquez (2005-2010) frente a Néstor Kirchner y Cristina Fernández El gobierno uruguayo mantiene su negativa a que Argentina tome muestras para determinar si una planta de celulosa a orillas del fronterizo río Uruguay es contaminante, afirmó el canciller uruguayo, Rodolfo Nin Novoa.
Tras la reunión semanal del consejo de ministros, Nin Novoa manifestó que ambas partes tiene criterios distintos sobre los “parámetros” para la toma de muestras en la planta UPM (antes Botnia), que fue el motivo de uno de los peores conflictos vividos en las relaciones entre los dos países vecinos.
“Argentina quiere tomar unas muestras en la boca de salida de UPM. Nosotros nos negamos, porque eso no tiene en consideración el efecto diluente diluido”, señaló.
“Lo que sale de la planta entra en un torrente de miles de metros cúbicos de agua que diluyen el efecto contaminante. El comité científico dice que no contaminamos y lo que nosotros estamos aspirando en todo caso es a hacer un monitoreo de todo el río Uruguay”, agregó.
Ese análisis, según Nin Novoa, debería incluir al río argentino Gualeguaychú, que desemboca en el Uruguay, además del conocido como riachuelo, la desembocadura del Matanza en el río de la Plata.
Las relaciones entre Uruguay y Argentina vivieron su peor momento en las últimas décadas durante el primer Gobierno del hoy de nuevo presidente uruguayo Tabaré Vázquez (2005-2010) y sus homólogos argentinos Néstor Kirchner primero y Cristina Fernández después, por la oposición del país vecino a la construcción de la planta de celulosa de capital finlandés en territorio uruguayo.
El conflicto derivó en un juicio frente a la Corte de Internacional Justicia (CIJ) de La Haya que en 2010 determinó que la planta no contamina, contrariamente a lo que afirmaban las autoridades argentinas, pero que el Gobierno uruguayo no informó debidamente al del vecino país como exigían los acuerdos bilaterales.
Durante la presidencia de José Mujica (2010-2015) se autorizó un aumento de la producción de celulosa en la fábrica, lo que volvió a caldear los ánimos y el Gobierno de Cristina Fernández amenazó con volver a la Corte de La Haya, lo que no se concretó.
