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Polémica en Brasil por aprobación de enmienda que baja edad de imputabilidad a 16 años
Los diputados dieron el primer paso para que los adolescentes que incurran en delitos graves a los 16 años, sean imputables como mayores 
El presidente de la Cámara Eduardo Cunha, conservador, evangélico y aliado del gobierno de Dilma, tejió los acuerdos para su aprobación Los diputados brasileños aprobaron la madrugada del jueves una enmienda constitucional para tratar penalmente como adultos a los adolescentes que cometan delitos graves, iniciativa a la que se opone el gobierno, la iglesia y grupos de derechos humanos.
Con 323 votos a favor y 155 en contra, los legisladores dieron el primer paso para que los adolescentes, que a partir de los 16 años incurran en delitos graves como homicidio, violación, secuestro, robo seguido de muerte, entre otros, sean imputables según el código penal que rige para los adultos. Hoy ese límite está fijado en 18 años.
Por tratarse de una reforma constitucional, la propuesta aún debe ser aprobada por una mayoría especial en otra votación en Diputados, y luego pasar por dos instancias en la Cámara de Senadores.
“No podemos permitir que personas de bien, que pagan impuestos, sean víctimas de esos marginales disfrazados de menores”, argumentó el diputado André Moura, defensor de la iniciativa, que cosecha el apoyo del 87% de la población.
La victoria de la bancada conservadora del Congreso vino apenas un día después de que un texto similar fuera rechazado en el mismo plenario por escasos cinco votos. Esta vez, para convencer a un puñado de diputados moderados, el presidente de la Cámara Eduardo Cunha -conservador y evangélico- tejió acuerdos en torno a un nuevo texto.
Según la propuesta aprobada, no serán juzgados como adultos los menores que incurran en tráfico de drogas, terrorismo, tortura y robo calificado, entre otros delitos que sí figuraban en el proyecto anterior. En todos los casos, se establece que los menores cumplirán sus penas en presidios diferentes a los de adultos, que deberán ser construidos.
En un país de cárceles abarrotadas y enorme brecha social entre ricos y pobres, la reducción de la edad de responsabilidad penal es resistida por el gobierno populista de Dilma Rousseff, la iglesia católica, la ONU y grupos defensores de los derechos humanos.
“Tarde o temprano, Brasil tendrá que dar marcha atrás, porque (esta propuesta) va contra la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Niños”, a la que el país suscribió en 1989, alertó esta semana en una entrevista con el periódico O Globo la paraguaya Rosa María Ortiz, relatora sobre los Derechos de la Niñez de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
La idea de reducir la edad penal circula hace dos décadas en el Congreso brasileño pero cobró fuerza en el último tiempo tras una serie de crímenes cometidos por adolescentes que tuvieron gran repercusión en la prensa local.
También adquirió velocidad después que la impulsó Cunha, líder de una fuerza aliada del oficialista Partido de los Trabajadores que, sin embargo, se ha desmarcado del gobierno al impulsar la discusión de una agenda conservadora.
