Una huelga de conductores de autobuses, trenes, camiones, aviones, barcos y metro, apoyada por sindicatos opositores paralizará la Argentina durante las 24 horas del martes, en una protesta en demanda de mejoras salariales a casi cinco meses de las elecciones generales.
La medida de fuerza será la quinta desde que Cristina Fernández asumió la presidencia en 2007 y la segunda en dos meses para rechazar la fijación de topes a los aumentos de sueldos que acuerdan los gremios con las empresas.
La administración argentina puso como límite un 27% al incremento anual de haberes, salvo en los sectores que registran alta rentabilidad como bancos y exportaciones de aceites.
“No fuimos escuchados por la presidenta así que el paro se va a realizar”, señaló a radio Mitre Roberto Fernández, líder del poderoso sindicato de conductores de buses.
En Argentina hay cinco centrales obreras, pero la mayoría de los siete millones de trabajadores sindicalizados (otros cuatro millones no están registrados legalmente) se agrupan en la llamada Confederación General del Trabajo (CGT) Balcarce, afín al gobierno.
Sin embargo, la medida de fuerza adoptada por los sindicatos de oposición detendrá de hecho casi toda la actividad industrial y de servicios al no circular transportes, como sucedió en la huelga del 31 de marzo pasado.
“El paro es más político que otra cosa. No sé qué van a sacar con una medida de fuerza”, dijo en rueda de prensa el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández.
Otro de los reclamos del movimiento sindical es la eliminación o reducción al mínimo del impuesto a las Ganancias, que grava a los salarios. El tributo lo pagan 1,1 millón de trabajadores, según el gobierno, o casi dos millones, según los huelguistas. Partidos de la oposición han prometido en su campaña electoral que eliminarán la gabela.
El gobierno ha respondido que en casi todos los países los salarios pagan tributos que sirven para financiar obras públicas, viviendas de bajo costo o el seguro social.
Otra polémica de tono político se instaló el lunes con los sindicatos opositores acerca de los índices de pobreza, el mismo día en que la presidenta recibió en Roma de la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) una distinción por sus programas contra el hambre.
La mandataria dijo en la asamblea de la FAO que “el índice de pobreza se ubica por debajo del 5%, y el índice de indigencia en 1,27%, lo que ha convertido a la Argentina en uno de los países más igualitarios”.
La opositora central obrera CGT Azopardo, liderada por el sindicalista camionero Hugo Moyano, le respondió en Buenos Aires que estadísticas realizadas por su central sindical estiman la pobreza en 27,8%.
Otro frente de discusión se abrió este lunes luego de que el gobierno denunciara un sabotaje político tras un choque el domingo de un tren de pasajeros con una locomotora que realizaba maniobras, un incidente que dejó 40 heridos leves.
El hecho ocurrió en la estación ferroviaria Temperley, que pertenece a la re-estatizada línea Roca, cuyos servicios unen Buenos Aires con la periferia sur.
La colisión se produjo apenas unas horas antes de una ceremonia prevista en la misma estación Temperley, donde el ministro de Interior y Transporte, Florencio Randazzo, precandidato a la presidencia por el oficialismo, presentaba decenas de vagones nuevos adquiridos a China.
“No tengo ninguna duda”, respondió Randazzo cuando le preguntaron si el choque de trenes se debía a un acto de sabotaje.
La reacción de Omar Maturano, líder del sindicato de maquinistas, que se pliega a la huelga de este martes, denunció que el ministro “miente”, aunque admitió que “si el maquinista es culpable, es culpable. Hay que separarlo del servicio”.
Argentina tiene previsto celebrar elecciones presidenciales y legislativas en octubre próximo, poniendo fin a doce años del matrimonio Kirchner, Néstor y Cristina. Empero a pesar de las críticas, paros y quejas, una oposición dividida parecería no poder contener la elección de un gobierno afín al poderoso grupo a partir del próximo 10 de diciembre.