Cinco de los seis ex prisioneros de Guantánamo refugiados en Uruguay firmaron esta semana un acuerdo con el gobierno en el que se comprometieron a aprender español y trabajar a cambio de apoyo económico por al menos un año, además cesaron una manifestación frente a la embajada de Estados Unidos.
El documento, vigente hasta febrero de 2016 con opción a renovación de un año tras una evaluación, estipula una partida mensual de 15.000 pesos uruguayos (unos 566 dólares) para cada uno, más el alquiler de una vivienda y asistencia en salud.
“Lo que están firmando es una carta compromiso, no un contrato, donde se notifican tanto de los derechos como de las obligaciones”, dijo Christian Mirza, nexo entre el Gobierno y los refugiados que estuvo al frente de las negociaciones.
Los sirios Ahmed Adnan Ahjam, Ali Hussein Muhammed Shaaban y Abd Al Hadi Omar Mahmoud Faraj, además del palestino Mohammed Tahanmatan y el tunecino Abdul Bin Mohammed Abis Ourgy estuvieron de acuerdo con las condiciones, en tanto que el sirio Jihad Deyab se abstuvo porque considera no permanecer en el país.
En un principio, los ex reclusos en la prisión militar estadounidense habían manifestado reparos al acuerdo, que finalmente fue firmado en árabe y español para despejar dudas. El sirio Ali Hussein Muhammed Shaaban confirmó la firma del documento pero prefirió no hacer comentarios.
“Ellos tienen que ir a aprender español de forma sistemática, tienen que recalificarse desde el punto de vista laboral porque muchos fueron apresados muy jóvenes y siquiera pudieron desarrollar una carrera o un oficio”, explicó Mirza.
Los ex prisioneros llegaron al país sudamericano a principios de diciembre luego de 13 años de reclusión en Guantánamo.
El ex presidente uruguayo José Mujica, un ex guerrillero de 80 años, aceptó darles refugio para cooperar con el cierre de la cárcel en Cuba, a pedido del mandatario estadounidense Barack Obama.
Desde fines de abril y hasta el martes por la noche tres de los seis refugiados acamparon frente a la embajada de Estados Unidos para reclamar una reparación económica por su período de reclusión sin un juicio formal.
La Cruz Roja trabaja en el arribo de sus familias, en tanto que la oficina local del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) se encarga de su inserción laboral.