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Bachelet propone que Servicio Electoral sea autónomo y con capacidad de fiscalización
“Lo que estamos buscando es que el sea una institución más fuerte pero a la vez independiente y fiscalizadora”, anunció la presidente Bachelet 
Se espera que Servel tenga mayores facultades para fiscalizar y detectar casos de financiación ilegal como los que se han conocido durante los últimos meses Acosada por el descrédito de la clase política y corrupción en su propia familia, la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, firmó un proyecto de reforma constitucional para dar autonomía al Servicio Electoral (Servel), el cual ya no dependerá del Poder Ejecutivo y podrá abordar todo lo atinente a la financiación de los partidos políticos.
”Lo que estamos buscando es que el sea una institución más fuerte pero a la vez independiente; que ejerza con mayor libertad su papel como organizar las elecciones, pero que también pueda fiscalizar de mejor manera el funcionamiento de éstas”, dijo Bachelet en una ceremonia en el Palacio de La Moneda, sede del Ejecutivo.
La iniciativa forma parte de la agenda de probidad y transparencia que la mandataria anunció la semana pasada con el objetivo de superar la crisis que afecta a la política chilena tras desvelarse varios casos de corrupción. La reforma convertirá al Servel en un organismo autónomo, con patrimonio propio y las capacidades técnicas y humanas para velar por el cumplimiento de las normas de transparencia y control del gasto durante las campañas electorales, precisó Bachelet.
El Servel se encarga, entre otras funciones, de registrar los electores y las candidaturas políticas, regular los recursos económicos de las candidaturas y solucionar las controversias que surjan en las elecciones.
El Gobierno espera que al ser un organismo autónomo el Servel tenga mayores facultades para fiscalizar y detectar casos de financiación ilegal como los que se han conocido durante los últimos meses por parte de empresas como el grupo Penta y la minera Soquimich.
“Con estas medidas y las que seguiremos impulsando, lo que hacemos es fortalecer nuestras instituciones y nuestras normas; buscamos que exista mayor control sobre la relación entre el dinero y la política para evitar que se crucen los límites éticos y legales”, sostuvo Bachelet. La agenda de probidad y transparencia que propone el Gobierno incluye catorce medidas administrativas y dieciséis proyectos de ley e indicaciones legislativas.
