La oposición argentina cargó contra la Agencia Federal de Investigación anunciada por Cristina Fernández por considerar que constituye una “maniobra” de distracción del Gobierno y pretende aumentar la politización de la institución.
El proyecto de ley del Gobierno sobre la creación de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) responde a “una maniobra que no solo no resuelve, sino que intenta profundizar en la politización de los servicios de Inteligencia”, denunció un comunicado conjunto de los principales referentes de la oposición.
En su primera aparición pública desde la muerte de Alberto Nisman, la presidenta anunció la disolución de la Secretaría de Inteligencia y la creación de la AFI, rechazó la denuncia del fiscal por presunto encubrimiento terrorista y volvió a hablar de una supuesta confabulación contra su Gobierno con la mano negra de agentes de Inteligencia.
Para el diputado Mario Negri, de Unión Cívica Radical, Fernández ha intentado “distraer la atención de la sociedad” sobre el escándalo provocado por la muerte de Nisman.
En 2005, recordó, el fallecido ex-presidente Néstor Kirchner “se comprometió a reformar los servicios de Inteligencia, pero no solo no se hizo sino que con la Inteligencia de Milani (César Milani, jefe del Ejército, al frente de la Inteligencia Militar) se ha puesto una inteligencia paralela para investigar a los opositores”.
“La ley de inteligencia, que rige, ha sido la más incumplida por el propio gobierno”, denunció.
Los servicios de Inteligencia dependen de la presidenta, dijo, y de confirmarse la teoría de la conspiración “¿Significa que servicios de inteligencia manejan el Gobierno? En qué Argentina y en qué democracia sitiada estamos teniendo hoy?”, se preguntó.
Además, cada vez que el Gobierno tuvo un problema con la Justicia “mandó una iniciativa parlamentaria para cambiar el eje de la discusión”, afirmó el diputado radical, que reclamo “ un fuerte acuerdo de la política y la sociedad”.
Margarita Stolbizer, de Generación para un Encuentro Nacional (GEN) , consideró que el Gobierno de Fernández “no tiene autoridad para abrir esta discusión. No entiende que se van dentro de diez meses”.
La legisladora denunció el aumento de poder que el proyecto concede a la fiscal general, Alejandra Gils Carbó, “la funcionaria más sospechada de manipulación”, agregó. “Este Gobierno no se acuerda que ellos son los sospechados, los denunciados por encubrimiento de un delito”, insistió.
“No vamos a tolerar que el Gobierno aproveche una situación de extrema gravedad como la que estamos viviendo para terminar copando los servicios de Inteligencia con militantes de La Cámpora (organización liderada por Máximo Kirchner, el hijo de la presidenta), porque esto va a terminar constituyendo una bomba de tiempo para el Gobierno que viene”, advirtió.
“Vamos a seguir esto muy de cerca y vamos a cuidar que no haya desvíos, ni de las investigaciones, ni de las acusaciones, ni intervención de la Justicia ni de las operaciones de Inteligencia”, apuntó Federico Pinedo, de Propuesta Republicana.
Para Fernando Sánchez, de Coalición Cívica, la discusión ahora debe centrarse en aclarar las circunstancias de la muerte del fiscal Nisman. “Busquemos la verdad, custodiemos las pruebas, dejemos que se lleve adelante la investigación judicial que incluye a la presidenta”, dijo.