En una hora de cadena nacional, la presidenta argentina Cristina Fernández criticó el manejo de la información, habló de un complot para perjudicar al gobierno, mencionó a Clarín y lo relacionó con Lagomarsino, el único imputado hasta ahora en el caso de la muerte del fiscal Alberto Nisman.
A una semana de la muerte del fiscal Alberto Nisman, y luego de que el oficialismo apuntara a ex agentes de inteligencia de maniobras contra el Gobierno, la presidenta argentina, Cristina Fernández, volvió a aparecer en público.
Sobre la denuncia del Alberto Nisman, dijo que el fiscal fallecido “nos acusó de confabular un tratado internacional para darles impunidad a los iraníes a cambio de granos.
No hay un solo abogado que pueda creer que eso haya sido escrito por un fiscal. Es descabellado, sentenció y sostuvo que los argumentos en la denuncia son absurdos.
Sobre los intercambios comerciales con Irán sostuvo que Argentina importa combustible, “nunca compramos petróleo a Irán”.
No puede caber en la cabeza de nadie que alguien pueda delinquir firmando un tratado internacional aprobado por el Congreso, argumentó.
En cuanto a sus opiniones vertidas en las redes sociales a través de dos cartas publicadas en Facebook, se intentó decir que en la segunda se había cambiado de opinión (...) En una lectura detenida se ve que puse 'suicidio' entre signos de interrogación y en ese contexto dijo que lamentaba la muerte de Nisman.
Luego, detalló cómo se enteró de la muerte de Nisman. Conto que a las 0:30 horas del lunes la llamó la ministra de Seguridad argentina, Cecilia Rodríguez, para comunicarle que algo sucedía en la casa del fiscal. Pensé que era un chiste de madrugada, sostuvo y puntualizó: Recién me confirman a las 02:30 horas que era el cuerpo de Nisman que estaba en un charco de sangre.
Después comenzó a hablar de Diego Lagomarsino, el amigo del fiscal que le prestó el arma desde donde salió el disparo. Más tarde surgió el dato de que la pistola pertenecía a un empleado que tenía un íntima relación con Nisman e indicó que es un feroz opositor al gobierno. Lo advertimos por su cuenta de Twitter (...) Tenemos entonces una persona de íntima confianza que le presta una pistola. El señor Lagomarsino es el hermano de un importante estudio que es socio del Grupo Clarín.
Criticó cómo se manejo el tema: Todo este aquelarre informativo tiene como propósito que haya un gran pesimismo en la gente.
Informó que Lagomarsino comenzó a tramitar su pasaporte el 14 de enero, cuatro días antes de la muerte del fiscal. Es posible encontrar a los responsables y a los culpables, sentenció.
Para la jefa de Estado argentina, la denuncia de Nisman y su muerte están vinculadas con la impunidad del atentado a la AMIA. Alguien pretendió con una denuncia sin fundamentos que pretendíamos cubrir a los iraníes.
En qué cabeza puede caber que nosotros queramos distraer la investigación, indicó.
Fue severa al decir: A mí no me van a extorsionar, no les tengo miedo”. Por último, la mandataria, sostuvo que es necesaria una reforma judicial.
Antes de hablar sobre la muerte y la investigación de Nisman, Fernández anunció que impulsará un proyecto de ley para disolver la Secretaría de Inteligencia (SI), más conocida como ex SIDE.
La jefa de Estado anunció que remitirá al Congreso, para que sea tratado en sesiones extraordinarias, un proyecto de reforma del sistema de inteligencia argentino. Según la presidenta, la ex SIDE evidentemente no ha servido a los intereses nacionales.
La disolución de la SI es una deuda de la democracia que me toca a mi reformar. Hemos visto una suerte de calesita permanente de fiscales, jueces y medios de comunicación que evidentemente ha quedado al descubierto y que hay que cortar de cuajo, dijo Fernández.
Impulsó entonces una nueva entidad, la Agencia Federal de Inteligencia que estará a cargo de un director y sub-dierector, que serán postulados por el Poder Ejecutivo pero requerirán acuerdo del Congreso.
En su argumentación, la presidenta hizo una férrea defensa de la actuación del Kirchnerismo en la causa AMIA. Y apuntó a ex agentes de inteligencia de promover desde adentro de las oficinas del Gobierno denuncias penales contra su persona.