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Mercados de Capitales dan fuerte señal de apoyo a Argentina, pero sin retroactividad
Las nuevas normas “ofrecen una solución práctica al problema de las minorías de bloqueo”, según dijo Leland Goss, abogado de la ICMA La Asociación Internacional de Mercados de Capitales (ICMA) anunció el viernes cambios en sus reglas para que una minoría de acreedores no pueda bloquear acuerdos de reestructuración de deuda soberana y evitar así un nuevo caso como el de Argentina.
Los nuevos términos para las “cláusulas de acción colectiva” (CAC) y la cláusula “pari passu” -que no son retroactivos- permitirán que los cambios aceptados por una mayoría de tenedores de bonos sean legalmente vinculantes para todos, según un comunicado de la ICMA.
“Los riesgos potencialmente adversos a nivel mundial del cese de pagos y la reestructuración de la deuda argentina demuestran la importancia de disponer de términos contractuales claros y sin ambigüedades en los bonos soberanos”, dijo Leland Goss, abogado de la ICMA, para justificar los cambios.
Una portavoz de la organización dijo que estas reglas se aplicarán a las deudas gestionadas por al menos uno de sus integrantes, lo que, dado su tamaño y la importancia de sus integrantes, se difundirán en todo el mundo.
Las nuevas normas “ofrecen una solución práctica al problema de las minorías de bloqueo”, aseguró el organismo.
El 93% de los acreedores de Argentina aceptaron ingresar a los canjes de 2005 y 2010 tras el cese de pagos de 2001, mientras que el 7% restante, entre ellos los fondos especulativos, se negó.
El ICMA estimó que la interpretación de la cláusula “pari passu” que la justicia ha hecho en el caso de la reestructuración argentina conlleva “una considerable incertidumbre para futuras reestructuraciones”.
Con las nuevas reglas, “se reduce el riesgo” de ver como este mecanismo se usa para “perturbar futuras reestructuraciones”.
Esta cláusula legal, cuyo nombre significa en latín “al mismo paso”, dispone, en el caso de una quiebra, que todos los acreedores deben ser tratados igual.
El Gobierno de Cristina Fernández denunció repetidamente la interpretación que hizo el juez neoyorquino Griesa de esta cláusula, sosteniendo que “desafía lo comercialmente razonable” y que “exacerbará futuras crisis de deudas soberanas”.
Griesa determinó que, en virtud de la cláusula, como Argentina pagó a quienes habían aceptado entrar en el canje también tenía que pagar los 1.300 millones de dólares que le reclaman los fondos litigantes.
