En Paraguay podrá tratarse de gobiernos progresistas, populistas, conservadores, neo-liberales, reaccionarios, no importa la etiqueta, pero en algo todos coinciden: el clientelismo y para ello las cifras reveladas por el Ministerio de Hacienda y la Secretaría de la Función Pública.
En efecto durante los últimos 5 años –administración de los presidentes Fernando Lugo y Federico Franco– más de 89.000 nuevos funcionarios ingresaron a la función pública. De 173.134 que había cuando el ex-mandatario Nicanor Duarte Frutos abandonó el poder en 2008, trepó a 262.293. Esto significó al mismo tiempo un incremento en al menos el 239% de los gastos en pago de sueldos y otras remuneraciones complementarias.
En los últimos 10 años (2003-2013), más de 100.000 personas ingresaron a la función pública. En 2003, cuando Nicanor Duarte Frutos (ANR) asumió el poder, se encontró con 152.968 funcionarios en los diferentes entes estatales. Cuando abandonó el cargo, en agosto de 2008, dejó 173.134 personas trabajando en el sector estatal; 20.166 más que cuando llegó al poder.
La dupla que lo sucedió, Fernando Lugo-Federico Franco (Alianza Patriótica para el Cambio), prácticamente duplicó el número de estatales.
El ex obispo Lugo llegaba al poder con la promesa de achicar el Estado y acabar con el Paraguay “con fama de corrupción”. Durante sus cuatro años de gobierno (2008-2012), 66.690 personas pasaron a formar parte de las ya atestadas oficinas estatales.
Lugo fue desalojado del poder en junio de 2012 y asumió Federico Franco, quien no se quedó atrás, y en poco más de un año dejó el poder con 22.469 nuevos funcionarios. Más de lo que metió Duarte Frutos en cinco años. Para peor, el mérito de miles es solo estar afiliados a tal o cual partido, o haber hecho campaña a favor de tal o cual candidato en las elecciones.
Paralelamente, en los últimos 10 años, el Estado paraguayo cuadruplicó sus ingresos en concepto de tributos, pero antes que invertir en el desarrollo del país, tuvo que destinar gran parte al pago de salario, entre otras remuneraciones extraordinarias, a los 262.000 empleados.
Un comparativo de gastos permite ver que en 2008 se destinaba a pago en concepto de remuneraciones básicas, temporales, y bonificaciones y gratificaciones, un total de G. 4 billones 246.000 millones. En 2013, este monto trepó a 10 billones 183.000 millones de guaraníes. Casi 240% más.
Los gobernantes paraguayos de turno no solo fueron generosos al financiar su clientela política con dinero público, sino también abrieron la posibilidad que estos reciban importantes beneficios sin merecerlo.
Una muestra es que en el 2008, en la ley de presupuesto se establecía un tope para el pago de gratificaciones (no podrá sobrepasar el 60% del salario presidencial). Este párrafo, sin embargo, ya no apareció en la normativa del 2009. En estos momentos, miles de funcionarios cuadruplican sus ingresos gracias a los beneficios adicionales que se les pagan.
Durante los últimos 10 años en las instituciones públicas del Paraguay se firmaron contratos colectivos de trabajo que establecen una serie de beneficios adicionales para los funcionarios, convirtiendo a los trabajadores del sector público en ciudadanos de primera.