Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU) de Brasil exculpó esta semana de responsabilidad a la jefa de Estado, Dilma Rousseff, por un negocio realizado por Petrobras en Estados Unidos que causó perjuicios millonarios a la petrolera estatal, informaron fuentes oficiales.
El polémico negocio, que también es objeto de investigación por parte de una comisión parlamentaria y de la Fiscalía, se refiere a la compra de una refinería en Pasadena (Texas) en 2006.
Un informe aprobado por el TCU eximió de culpa a Rousseff, entonces integrante del Consejo de Administración de Petrobras en calidad de ministra de la Presidencia y responsabilizó a los directores de la empresa, entre ellos su entonces presidente, José Sergio Gabrielli.
El TCU ordenó que los inculpados paguen a Petrobras 792,3 millones de dólares, dinero que se considera que la compañía perdió con la operación.
Entre los inculpados se encuentran el entonces director del Área Internacional Nestor Cerveró, quien fue despedido cuando el negocio fue descubierto, y el actual director de Relaciones con los Inversores, Almir Barbassa.
El magistrado José Jorge de Vasconcelos Lima, juez instructor del caso, afirmó que hay “robustos indicios de la práctica de actos que impusieron perjuicios a la Petrobras” por parte de la directiva de la empresa, según declaraciones recogidas por la estatal Agencia Brasil.
Los directivos, algunos de los cuales ya no está en la empresa, como Gabrielli, tendrán un plazo de quince días para presentar sus alegatos de defensa.
Para garantizar el pago de la multa impuesta, el TCU determinó el bloqueo de los bienes de los inculpados para impedir que vendan cualquier propiedad que pueda ser incautada por las autoridades.
Petrobras compró la mitad del capital de la refinería de Pasadena por 360 millones de dólares a la empresa belga Astra Oil, que un año antes había pagado 42,5 millones de dólares por la totalidad de la planta.
Debido a una cláusula en el contrato, Petrobras fue forzada a desembolsar otros 820 millones de dólares por la otra mitad del capital.
Cuando se destapó el escándalo, Rousseff afirmó que la compra de la refinería fue autorizada por el Consejo de Administración de Petrobras con base en un informe “defectuoso” elaborado por Néstor Cerveró.