Uruguay negó la concesión de asilo político a tres activistas brasileños acusados de asociación ilícita por su participación en las protestas que sacudieron Brasil el año pasado y que esperaban desde el lunes una respuesta.
Los tres fueron informados que el Gobierno de Uruguay no les concedería el asilo y abandonaron el consulado con rumbo desconocido pese a que la policía había acudido a la sede diplomática para intentar cumplir sendas órdenes de prisión, dijo la diputada regional Janira Rocha, que los acompañaba en las gestiones.
La abogada Eloísa Samy acudió el lunes al consulado de Uruguay en Río de Janeiro acompañada de David Paixao y de Camila Nascimento en busca de asilo después de que una orden judicial revocara un hábeas corpus que se le había concedido tras pasar cinco días en prisión la semana pasada.
De acuerdo con Rocha, del izquierdista Partido Socialismo y Libertad (PSOL), la cónsul de Uruguay en Río de Janeiro, Miriam Fraschini, le explicó a los activistas que el Gobierno uruguayo respeta el estado democrático de derecho y el poder judicial en Brasil y no considera justificable la petición de asilo político.
La legisladora agregó que, sin presencia de policía frente al consulado, los tres abandonaron la edificación con rumbo desconocido y aún no saben si se entregarán o esperarán la respuesta de la justicia a una nueva solicitud de hábeas corpus que presentaron.
Los tres están acusados por el Ministerio Público de asociación ilícita por su participación en grupos que supuestamente promovieron actos violentos durante las manifestaciones por mejores servicios públicos que se vienen registrando en Brasil desde mediados del año pasado.
Samy fue detenida en una protesta ocurrida en la víspera de la final del Mundial de Brasil, cuando la justicia ordenó el arresto de un total de 23 activistas. Paixao y Nascimento no fueron detenidos, pero también recae sobre ellos la petición de prisión preventiva por los mismos motivos.
Hasta hoy, solo 5 de los imputados el pasado 13 de julio permanecen encarcelados y los 18 restantes siguen reclamados por la Justicia. La abogada dijo que decidió solicitar asilo por sentirse una perseguida política y por estar siendo tratada como una terrorista pese a que tan sólo ofreció asistencia jurídica a algunos manifestantes.
Según la activista, en los cinco días que pasó en la cárcel las condiciones fueron “horribles”; compartió celda con otras siete mujeres; sólo les facilitaron “una toalla y tres mantas para todas” y no dispusieron de cubiertos para comer. Por su parte, David Paixao ha estado detenido varias veces por su participación en las protestas y siempre fue defendido por Samy, que adoptó al joven tras comprobar que no tiene familia.
El magistrado Flávio Itabaiana de Oliveira Nicolau, del Tribunal de Justicia de Río de Janeiro, decretó la prisión preventiva de 23 de los activistas debido a la alegada “peligrosidad” de los acusados que, en su opinión, suponen un “riesgo para el orden público”.
Según la fiscalía, los acusados integraban un grupo que adquiría material explosivo para promover actos violentos durante las manifestaciones.
El arresto de los activistas, la víspera de la final del Mundial, fue duramente criticado por organizaciones de derechos humanos y por el Colegio de Abogados de Río de Janeiro, que consideraron que fueron “arbitrarias” e “intimidatorias”.