El ministro de Economía argentino, Axel Kicillof viajó a Washington para exponer este jueves sobre las consecuencias del fallo judicial que da prioridad de pago a los fondos que no se acogieron al canje de la deuda, ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), informaron fuentes oficiales.
Kicillof participará en una reunión extraordinaria de cancilleres, convocada a petición de Argentina y apoyada por los miembros del Consejo Permanente, con la abstención de Estados Unidos, junto al canciller argentino, Héctor Timerman.
El titular de Economía argentino explicará los riesgos internacionales que implica la sentencia del juez neoyorquino Thomas Griesa, favorable a un grupo de fondos especulativos que no aceptaron las reestructuraciones de deuda planteadas por el país suramericano en 2005 y 2010 (canjes a los que se acogieron el 93 % de los acreedores) y denunciaron a Argentina en Estados Unidos.
Aparentemente Kicillof regresará el mismo jueves a Buenos Aires, después de la reunión de la OEA.
El fallo de Griesa supone un precedente judicial que pone en peligro la capacidad de los Estados de renegociar su deuda en casos de necesidad, según la postura argentina.
La exposición tendrá lugar antes de la reunión clave del próximo lunes entre representantes del Gobierno argentino y el mediador designado por Griesa para avanzar en las negociaciones sobre el pago de los 1.300 millones de dólares, más intereses, que argentina debe a los litigantes, según la sentencia.
Argentina ha mostrado su voluntad para negociar pero reclama se respete “el proceso de reestructuración de deuda del 92,4 % de los bonistas y generar condiciones de equidad, legales y justas para el ciento por ciento de los bonistas”, según dijo el jefe de Gabinete del Gobierno argentino, Jorge Capitanich.
Capitanich recalcó que a estos fondos se les denomina buitres porque “promueven condiciones de ataque, agravios al sistema institucional de un país soberano como es la Argentina”.
“No han encontrado otra vía que las acciones directas, embargos, agresiones, campañas de lobby en el Congreso de los Estados Unidos, ante el poder judicial, 900 embargos”, explicó.
Según Capitanich, estos fondos “nunca se sentaron a negociar; rechazaron, sistemática y enfáticamente todas las posibilidades de hacerlo”, por lo que “no tienen autoridad moral para decir nada porque siempre han hostigado cualquier tipo de solución”.