La presidente chilena, Michelle Bachelet, firmó este lunes la iniciativa para crear un régimen estatal de fondos jubilatorios, actualmente bajo gestión exclusiva de empresas privadas. Sabemos que ésta no es una solución al problema de fondo. Sin embargo, representa un avance relevante, recalcó durante un acto en el Palacio presidencial de La Moneda.
La medida, prometida para los primeros cien días de su gobierno, busca mejorar el acceso a pensiones de sectores laborales precarios como trabajadores independientes o de menores rentas.
La mandataria sostuvo que la iniciativa, de ser aprobada por el Congreso, permitirá además mejorar la rentabilidad general del sistema de pensiones, heredado de la dictadura militar (1973-1990).
Las administradoras privadas manejan hoy los fondos de 9,6 millones de trabajadores, de los cuales sólo cinco millones cotizan, según cifras oficiales. Asimismo, la pensión promedio es de 340 dólares, levemente por debajo del sueldo mínimo, pero muy distante de los 21.500 dólares de ingreso per cápita.
Los dueños de las administradoras privadas, que manejan fondos superiores a los 100.000 millones de dólares, se manifestaron en contra del proyecto, ampliamente apoyado por la ciudadanía en sondeos.
La medida podría afectar las reglas de la libre competencia, apuntó el representante del gremio, el ex ministro conservador Rodrigo Pérez Mackenna.
El debate en torno a las pensiones está enmarcado en una discusión más general sobre el modelo de desarrollo en Chile y la forma de provisión de bienes públicos como la educación o la salud, actualmente generados con alta presencia de empresas privadas.