La campaña electoral colombiana se ha convertido en un asunto judicial por las denuncias de financiación ilegal, espionaje y sabotaje que afectan a las candidaturas mejor situadas en las encuestas sobre intención de voto cuando faltan sólo dos semanas para los comicios.
La Fiscalía General anunció este domingo que abrió una investigación “para averiguar la veracidad de los hechos denunciados públicamente” por el ex-presidente y senador electo Álvaro Uribe, quien la semana pasada planteó lo que llamó “hipótesis” de financiación irregular de la campaña del presidente Juan Manuel Santos.
Como parte de ese proceso, el vice-fiscal general, Jorge Fernando Perdomo, a quien se le asignó el caso, citó a Uribe para este lunes a su despacho “para que bajo la gravedad de juramento amplíe la denuncia hecha el jueves 8 de mayo y exhiba los documentos o evidencias que tenga para sustentar las afirmaciones que hizo públicamente”.
El pasado jueves Uribe (2002-2010) dijo que la Fiscalía debe investigar la “hipótesis” de que el publicista venezolano J.J. Rendón, ex-asesor de propaganda de la campaña de Santos, haya entregado dos millones de dólares para pagar deudas de la elección de 2010.
Rendón, un publicista venezolano que trabajó en la anterior campaña de Santos y en la actual para la reelección, renunció el lunes al cargo de estratega de propaganda después de que la prensa publicara que en 2011 mantuvo contactos con un narcotraficante.
Según medios colombianos, el capo Javier Antonio Calle Serna, alias “Comba“, actualmente preso en EE.UU., dijo a la Fiscalía que entre cuatro narcotraficantes pagaron 12 millones de dólares a Rendón para que hiciera de intermediario ante el Gobierno en un plan de entrega a la justicia que finalmente no se concretó.
Rendón afirmó que jamás recibió “un centavo de personas al margen de la ley”, que su mediación fue de la “mejor buena fe” y que no se tramitó de manera oculta, pero decidió renunciar para no hacer daño a la campaña de Santos.
Uribe, que lanzó a Santos, su ex-ministro de Defensa, a la Presidencia en 2010, y luego se distanció de él hasta convertirse en su más severo opositor, principalmente por el proceso de paz con las FARC, afirmó que ha recibido informaciones de “personas cercanas al presidente” sobre un presunto exceso en los gastos de sus campañas.