Los ex combatientes de Malvinas llegan a un nuevo aniversario del comienzo de la guerra que enfrentó en 1982 a la Argentina con el Reino Unido con una asignatura pendiente: la búsqueda de la verdad en relación a los delitos y torturas cometidos durante el conflicto por los propios oficiales contra los soldados conscriptos.
A esta Argentina que reivindica los símbolos morales de la lucha contra el terrorismo de Estado, que condena las `victorias` de la represión ilegal, que enamora los sueños populares de las mayorías, le falta dilucidar una parte importante de su historia: le falta saber la verdad de Malvinas, dijo Ernesto Alonso, ex soldado conscripto y miembro del Centro de Ex Combatientes de La Plata, que hoy es presidente de la Comisión Nacional que los agrupa.
Al cumplirse este miércoles 32 años del comienzo de la guerra, Alonso repasa -en diálogo con Télam- el camino recorrido por los veteranos y habla de la asignatura pendiente que significa para ellos la búsqueda de la verdad, cuya definición está hoy en manos del Poder Judicial.
En ese marco, el titular de la comisión nacional de ex combatientes destacó la decisión política tomada por Néstor Kirchner en 2003 de ir desarmando el andamiaje jurídico de las leyes de impunidad, así como la condena que recibieron cientos de represores, y también la recuperación de los centros clandestinos de detención como sitios de la memoria que permiten generar conciencia.
Pero hay una asignatura pendiente que es la búsqueda de la verdad de los hechos aberrantes cometidos durante el conflicto de Malvinas contra los soldados conscriptos, señaló y enumeró los nombres de Alfredo Astiz, Antonio Pernías, Jorge `El Tigre` Acosta y tantos otros represores que fueron condenados o procesados, y que estuvieron destinados en Malvinas.
La causa para investigar las torturas en la guerra se inició en el año 2007, cuando se presentó en el Juzgado federal de Río Grande, Tierra del Fuego, una investigación realizada por Pablo Vassel, entonces subsecretario de Derechos Humanos de Corrientes -una de las provincias que envió más soldados a la guerra- con las primeras 23 denuncias de ex conscriptos por violaciones a los derechos humanos.
Con el paso de los años, los ex soldados se fueron animando a hablar y se fueron sumando testimonios. Actualmente, ya son más de cien las denuncias presentadas en la justicia.
En todas, se menciona lo mismo: castigos físicos -como estaqueamientos- y psicológicos, falta de alimentos y vestimenta adecuada para el frío austral y deficiente armamento, entre otras situaciones, que configuran los delitos de reducción a servidumbre, torturas seguida de muerte y hasta homicidio.
El juzgado de primera instancia y la Cámara de Comodoro Rivadavia los declaró como delitos de lesa humanidad y, por lo tanto, imprescriptibles. Por medio de un recurso presentado en agosto de 2012 por el CECIM de La Plata, la causa llegó a la Corte Suprema de Justicia y se encuentra todavía sin definición.
Los hechos ocurridos en Malvinas son delitos de lesa humanidad, y en consecuencia imprescriptibles ya que obedecieron a circunstancias políticas enmarcadas en cuestiones ideológicas y montadas desde el aparato del Estado, explicó Alonso y remarcó que los testimonios de los soldados se encuadran en el derecho público internacional.
Y, para finalizar, se preguntó: ¿Cuántos años más tendrán que esperar los padres de Rito para dilucidar el asesinato de su hijo en Malvinas? ¿Cuánto tiempo más tendremos que esperar para saber quien fue el responsable de la muerte de Secundino que muere de hambre y congelado? ¿Cuánto tiempo tendrán que esperar Silvio, Claudio y Sergio para que se investiguen las torturas sufridas en Malvinas por el hecho de ser judíos?.
Preguntas que, por ahora, a 32 años de la guerra, siguen sin respuestas.