El ministro de exteriores de Panamá, Francisco Álvarez de Soto, consideró este lunes resuelto a falta de unos detallitos de forma el conflicto en las obras del Canal de Panamá.
”Si la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) ha anunciado que hay un entendimiento y que hay una reanudación de las obras, nosotros entendemos que sí se ha resuelto el conflicto, dijo el ministro hablando con la prensa.
Lo que puedo anticipar es que se ha llegado a un entendimiento que les ha permitido atender las inquietudes de parte y parte, recalcó.
La inquietud del canal de Panamá es que el proyecto se termina sí o sí, y que no va admitir más retrasos del que ya se está dando en la obra, consideró el canciller.
Según Álvarez de Soto, hay demasiado en juego para Panamá y hay demasiado en juego para el comercio internacional”.
El adjudicatario de la obra de la ampliación del canal de Panamá, Grupos Unidos por el Canal (GUPC), liderado por las constructoras española Sacyr e italiana Impregillo, exigió en diciembre pasado una inyección de 1.600 millones de dólares por sobrecostos y en febrero se vio obligado a parar las obras por falta de fondos.
Las partes en conflicto han mantenido desde entonces unas negociaciones, formales e informales, que no han llegado a concluir en la firma de un acuerdo público definitivo, pero las obras se han reanudado parcialmente con el compromiso de inyectar desde cada lado, GUPC y ACP, 100 millones de dólares cada uno.
Panamá ha sido muy clara desde el Gobierno, y ciertamente desde la ACP, que guste o no es el interlocutor válido en este tema por disposiciones constitucionales de la república que tienen que ser respetadas por todas las partes, explicó el canciller panameño.
El principio -continúo- ha sido muy sencillo, y es que las diferencias, los derechos, los deberes de las partes en conflicto se tenían que resolver y absolver en el marco del contrato.
Eso es lo que mantuvo la ACP desde el primer momento, que GUPC planteó sus reclamaciones y con sus altos y sus bajos en el curso de la negociación, agregó.
Según el ministro, los respectivos gobiernos en representación de las partes implicadas se han limitado ”a una labor de acompañamiento, porque hemos entendido que esto es un conflicto que debían manejar las partes contractuales