Las obras de la ampliación del Canal de Panamá siguieron suspendidas este jueves mientras crece el apoyo en torno a la administración del canal para que se haga cargo y concluya el proyecto.
Según la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) todo sigue igual que el miércoles cuando el administrador de ACP, Jorge Quijano, denunció que el consorcio había paralizado las obras por completo, en una decisión unilateral que viola el contrato vigente.
La ACP envió anoche una carta en la que se detalla la situación física del proyecto y se pide explicaciones, y el consorcio GUPC respondió que la suspensión obedece a los argumentos que expresó en su carta del 30 diciembre pasado anunciando la suspensión, reveló la fuente.
Quijano exigió ayer al Grupo Unidos por el Canal (GUPC), que lideran la empresa española Sacyr y la italiana Impregilo, reiniciar de inmediato los trabajos, porque su paralización contravenía cláusulas del contrato vigente, firmado en 2009.
La suspensión se dio después de que la ACP y el consorcio no lograran acordar un plan para reflotar la construcción del tercer juego de esclusas de la vía acuática, que el GUPC dice que no puede continuar porque sobrecostes de más de 1.600 millones de dólares lo dejaron sin flujo de caja.
El consorcio se adjudicó el proyecto por su oferta de 3.118 millones de dólares, y la ACP ha pagado 2.831 millones de dólares, 784 en anticipos reembolsables.
Quijano dijo ayer que la puerta del diálogo con el GUPC estaba abierta, aunque se cerraba minuto a minuto, para buscar un opción que permitiera a ambos seguir el proyecto mientras las instancias internacionales previstas en el contrato dirimían quién tenía la razón sobre los exorbitantes y no sustentados sobrecostes.
Añadió que la ACP entró en una fase de análisis para decidir los pasos a seguir, que pueden incluir rescindir el contrato porque tiene la capacidad financiera y técnica para asumir las obras y concluirlas en 2015, como está previsto.
También ayer pero en Madrid, Sacyr informó que la ACP había roto el diálogo pero que el consorcio seguía buscando una solución de financiación para terminar las obras en 2015.
Para sectores políticos y analistas locales la situación está muy clara: la ACP debe asumir el control del proyecto, que registra más de un 65% de avance.
El Ministerio panameño del Trabajo ha cifrado en 2.627 los trabajadores de varias fases y áreas del proyecto despedidos desde noviembre pasado, una cifra que apoyan los sindicatos.
Tras el inicio del conflicto contractual, la ACP reportó una disminución de más del 70 % en el ritmo de los trabajos en la construcción del tercer juego de esclusas.
En enero de 2012, el GUPC informó que su nómina de trabajadores en el proyecto ascendía a 5.930 colaboradores directos, de los que 244 era personal extranjero especializado.