El presidente del Supremo Tribunal Federal brasileño, Joaquim Barbosa, advirtió que las cárceles del país son un “horror”, como quedó evidenciado en las decapitaciones perpetradas en los presidios del estado nordestino de Maranhao.
“El año pasado hice una serie de visitas a presidios y lo que puedo decir es que la palabra más adecuada para calificar a las prisiones brasileñas es horror”, afirmó Barbosa.
“¿Por qué la situación es tan absurda? La cuestión es política, los políticos no se interesan por las cárceles porque es algo que no da votos”, sostuvo el magistrado, publicó hoy el diario O Globo.
Luego, explicó que en Brasil el grueso de los detenidos está alojado en presidios provinciales y la capacidad de influencia del estado federal “es pequeña”, a menos que intervengan los estados en casos extremos.
“El problema de las cárceles es algo que afecta a todo Brasil, no sólo Maranhao, las prisiones brasileñas son como el infierno, nosotros hemos avisado a los gobiernos provinciales que la situación es explosiva”, agregó Barbosa al hablar en una universidad de Gran Bretaña.
El gobierno de la presidenta Dilma Rousseff envió una comitiva de funcionarios este mes a Maranhao, hacia donde se desplazaron tropas federales, mientras la Procuraduría General de la República analizó la posibilidad de la intervención federal.
El estado de Maranhao en el noreste de Brasil es feudo de la familia del ex presidente Jose Sarney y durante muchos años presidente del Senado y aliado de los gobiernos tanto de Lula da Silva como de Dilma Rousseff.
Al menos 65 presidiarios fueron asesinados desde 2013, varios de ellos decapitados, como consecuencia de disputas entre grupos y rebeliones en demanda de mejores condiciones de detención.
Según el ministerio de Justicia, en Brasil hay más de 560.000 internados en cárceles de los 27 estados, donde hay capacidad para albergar a 360.000 detenidos.
En tanto, la semana pasada la Orden de Abogado de Brasil solicitó a la Comisión de Derechos Humanos de la ONU que exija al Estado brasileño que adopte medidas urgentes en los presidios antes de que estallen nuevos motines como los ocurridos en Maranhao.