El gobierno argentino dijo que reducirá subsidios en el sector energético, en momentos en que un abultado gasto público está diezmando el superávit fiscal, aunque descartó aumentar tarifas. Las acciones de las empresas eléctricas han liderado el alza de la bolsa de Buenos Aires en los últimos meses por especulaciones de que el Gobierno se vería obligado a permitir un aumento de las tarifas.
Argentina subsidia gran parte del consumo de gas y electricidad residencial y las importaciones del fluido que consumen las centrales térmicas, mientras mantiene prácticamente congeladas las tarifas desde hace prácticamente una década para evitar que se acelere la alta inflación en el país.
“La política no va a cambiar (…) La política de eliminar, quitar o reducir subsidios a quienes no los necesitan va a continuar como se hizo en los últimos diez años”, dijo el ministro de Planificación, Julio De Vido, en una conferencia de prensa.
A fines del año pasado, el Gobierno subió ligeramente las tarifas de gas y electricidad a los usuarios residenciales y previamente había quitado ayudas a los hogares de ingresos más elevados.
El jefe de Gabinete de Ministros, Jorge Capitanich, más temprano también anunció que el Gobierno estudia el recorte de subsidios a las tarifas de electricidad.
La falta de actualización de los precios ha golpeado duramente las finanzas de las distribuidoras eléctricas locales, que se quejan de que sus ingresos ya no cubren los gastos.
“No se modifica la tarifa sino el subsidio”, dijo a periodistas Capitanich, consultado sobre un potencial recorte en los subsidios.
“Entonces, el subsidio tiene que ver con la elasticidad de ingresos. Por eso, por el momento, se hacen los estudios correspondientes y no se toma ninguna decisión”, agregó.
El alto gasto público ha permitido a Argentina seguir creciendo a pesar de la desaceleración en la expansión de la economía global, aunque ha alimentado una inflación que según datos privados está por encima del 25% anual.
Pero los gastos han aumentado más rápido que los ingresos del Estado, reduciendo sensiblemente el superávit primario clave que debe mantener el Estado para continuar funcionando. En septiembre, el superávit primario cayó un 23%.