El juez Marco Aurelio Mello, miembro del Tribunal Supremo de Brasil, está convencido de que el ex-presidente Lula da Silva “sabía” de la existencia de los casos de corrupción, el famoso 'mensalao' que llevaron a prisión a algunos de sus más íntimos colaboradores, según declaró al diario Folha de Sao Paulo.
“No puedo imaginar que alguien tan prudente como el ex-presidente Lula, tan inteligente, no tuviese conocimiento de lo que ocurría en la República”, dijo Mello en una entrevista publicada por el periódico paulista.
El magistrado, que participó en las casi 70 audiencias del juicio por los casos de corrupción denunciados en 2005, también consideró que, durante los ocho años que permaneció en el poder, Lula da Silva no pudo haber “delegado” tanto la jefatura del Gobierno como para no saber que el Partido de los Trabajadores (PT) había sobornado a parlamentarios.
El caso se refiere a la red de corrupción tejida por el PT en 2002, cuando Lula da Silva fue elegido presidente por primera vez, y que fue utilizada para financiar campañas en forma ilegal y sobornar a dirigentes de otros cuatro partidos a cambio de apoyo parlamentario.
Por ese escándalo fueron condenados 25 políticos y empresarios, entre quienes figuran el ex-ministro de la Presidencia Jose Dirceu, considerado en la época como la “mano derecha” de Lula; el ex-presidente del PT Jose Genoino y el ex-tesorero de esa formación Delubio Soares.
El pasado viernes, el Supremo ordenó la detención de doce de los 25 reos, entre ellos Dirceu, Genoino y Soares, quienes desde entonces están recluidos en un presidio de Brasilia.
En los próximos días, la Corte deberá expedir las órdenes de captura de otros diez condenadas, mientras que los otros tres sólo verán ejecutadas sus sentencias después de que sean analizadas las últimas apelaciones aún en curso.
El ex-director del estatal Banco do Brasil Henrique Pizzolato, condenado a doce años de prisión y cuya captura fue ordenada el pasado viernes, huyó unos días antes hacia Italia, amparado en el hecho de que también tiene la ciudadanía italiana.
El magistrado Mello no comentó el caso de Pizzolato, pero sí las declaraciones de Dirceu, Genoino y Soares, quienes se consideraron “víctimas” de un “juicio de excepción” y se calificaron a sí mismos como “presos políticos”.
Según el juez, “jamás los condenados quedan contentos con una sentencia” y no hacen más que ejercer “el derecho al pataleo”.
Mello recordó que, de los once miembros del Supremo, ocho fueron nombrados por el propio Lula da Silva, por lo que no se puede “imaginar” que el proceso fue conducido por jueces “de la oposición”.
El magistrado indicó que la mayor importancia de este sonado caso es que se ha transmitido “la percepción de que la ley es lineal y vale para todos”, y que se atenúa la “sensación de impunidad” que siempre tuvo la sociedad brasileña en relación a los políticos.
También manifestó su esperanza en que, después de este juicio, “los hombres públicos sean un poco más cuidadosos y vuelquen sus ojos al servicio a partir del cargo, y dejen de servirse del cargo para obtener ventajas personales”.